México.- A pesar de que era factible, la Procuraduría General de República (PGR) omitió hacer pruebas de ADN a los restos calcinados de 19 personas encontradas en el Río San Juan en las inmediaciones del basurero de Cocula, Guerrero, para comprobar si correspondían a los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
"México es un país en el que, con frecuencia, la verdad se niega o esconde".
— CNDH en México (@CNDH) 28 de noviembre de 2018
Presentamos la Recomendación Recomendación 15 VG/2018, relacionada con la Investigación por Violaciones Graves de #DerechosHumanos en el Caso #Iguala.
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Lo anterior se desprende de la investigación y recomendación 15VG/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto al Caso Iguala, presentada este miércoles, a unos días de que concluya el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
En conferencia de prensa, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez destacó “el desaseo y poco profesionalismo” con que actuó la PGR durante la investigación pues sin contar con evidencias comprobadas dio por sentado que los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada habían sido ejecutados.
“El hallazgo de las porciones petrosas de huesos temporales constituiría un elemento suficiente para concluir que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula”, sin embargo, para asegurarlo, las pruebas de ADN eran indispensables pues “la disposición de cadáveres en el basurero antes mencionado, era un práctica frecuente entre los miembros del crimen organizado en la zona”.
Vale recordar que de los restos encontrados en el río San Juan, solo se analizaron dos que correspondieron al normalista Alexander Mora Venancio quien presuntamente viajaba en el autobús 1531el día de la desaparición.
En ese sentido la investigación de la CNDH revela que al menos los estudiantes Adán Abrajan de la Cruz e Israel Jacinto Lugardo, que viajaban en el mismo autobús, pudieron estar en el basurero de Cocula la noche del 26 o las primeras horas del 27, pues así se desprende del rastreo de sus teléfonos celulares.
“La verdad no puede sujetarse a intereses o coyunturas políticas. En el presente asunto, esta Comisión Nacional no llega a este momento ni antes o después, sino cuando la investigación que se vio precisada a realizar, nos permitió dar resultados comprobados, sustentados en evidencia objetiva, para el escrutinio y verificación pública”, señaló el Ombudsmán.
