Por Ignacio Campos
A Fernando Villaseñor Ortiz, vecino de la calle Edimburgo, casi esquina con Escocia, no le afectó a su vivienda el sismo del 19 de septiembre, pero si lo hizo el derrumbe del edificio contiguo a su propiedad cuando se vinieron abajo los ocho pisos que albergaba.
Asegura que elementos de Protección Civil hicieron agujeros en su propiedad para rescatar a las personas atrapadas por el derrumbe, pero que posteriormente le saquearon sus pertenencias: muebles de su casa y herramientas de su negocio que operaba en la planta baja.
“El sismo no me dañó, sino la parte del edificio que colapsó, de ocho, pisos, dañó dos muros de la casa, eso fue todo”, dice el vecino de la Colonia Del Valle “se metieron a mi casa, tronaron puertas e hicieron agujeros para salvar vidas y no conforme con eso siguieron abusando, sacaron mis pertenencias, sala, comedor, muebles en general, aquí abajo tengo mi negocio y se llevaron maquinaria, se llevaron herramientas, que porque iba a quedar resguardado”.
Ante tal situación decidió interponer una denuncia en la delegación Benito Juárez en contra del ingeniero Luis Arturo Labastida, quien fue el que tumbó las paredes de su propiedad, y otra funcionaria de nombre Lizbeth Cruz Cruz, pero dice que no ha procedido porque le respondieron que no lo conocen, además asegura que su expediente ha pasado por diversas dependencias como la Procuraduría General de Justicia y la Fiscalía Central de Investigación y que solamente le dan largas pero no le resuelven.
“Tres daños me ocasionaron, primero derribando los muros para rescatar a las personas, luego llevándose mis pertenencias, entrando a la casa a discreción, después, quitando el edificio con demolición, dañándome los muros y finalmente quitándome una parte de la casa, que porque corría peligro y que si no lo hacía iban a utilizar la fuerza pública”
Villaseñor Ortiz hace un llamado a las autoridades correspondientes, e inclusive al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para que le reparen los daños ocasionados a su vivienda; dice estar en la bancarrota y endeudado debido a que ya no puede trabajar su negocio por el hurto cometido a sus herramientas de trabajo. Un año del sismo y las autoridades no pueden resolver una situación en la que propiamente no fue afectado por el evento telúrico, pero sí, por un aparente abuso de autoridad.
