Por Víctor H. Zamora
Cada periodo electoral, independientemente de la elección y la demarcación geográfica de que se trate, somos objeto (o víctimas) de un bombardeo de mensajes de candidatos y partidos políticos, ya sea con críticas o elogios según el bando del emisor, e invariablemente de cientos o incluso miles de “propuestas” que en suma componen la plataforma electoral de los partidos y candidatos.
La mayor parte de esas propuestas son refritos de otros tiempos, de otras campañas o, en el mejor de los casos, loables intentos de presentar propuestas “innovadoras” a través de la importación de fórmulas aplicadas en otros países a problemas específicos, pero el principal énfasis está en otros diferenciadores.
Y no podría de otra manera, ya que la problemática nacional es prácticamente la misma desde el inicio de nuestra vida independiente, con ligera variación de peso entre unos y otros temas.
Por ello, la agenda de Andrés Manuel López Obrador en la pasada elección no se diferenció mucho de la de sus contrincantes respecto a los grandes temas nacionales, pero sí en su enfoque, en su discurso orientado a la segmentación entre buenos y malos, y en la focalización de su mensaje hacia una base social muy concreta y susceptible a su línea discursiva, capitalizando así el hartazgo, la frustración y el resentimiento social acumulados por tantos años.
Su plataforma, como la de todos los candidatos, consistió en diagnósticos superficiales y enunciados generales con promesas típicas como combatir la pobreza, generar empleos, combatir la inseguridad (o acabar con la delincuencia), acabar con la corrupción, etc., además de la obligada y oportunista agenda con temas de grupos minoritarios.
Por ello es claro que Andrés Manuel no fue electo tanto por sus propuestas como por su estrategia de choque, pero principalmente por el voto de castigo a sus 2 contrincantes más relevantes.
Sin embargo, no por ello cabe exentarlo de cumplir con su plataforma, ya que una vez electo sus acciones y logros en cada uno de los grandes temas serán los factores determinantes para evaluar su gestión, y para determinar en qué sentido pasa a la historia, sobre todo en aquellos temas que con mayor énfasis ha enarbolado desde su primera campaña, que son la corrupción y la pobreza.
Personalmente coincido a plenitud en que estos problemas son los más apremiantes en México, pero en particular el primero, la corrupción, a cuya atención personalmente me enfoqué durante mi aspiración a candidato independiente a diputado federal en 2018. Con ello no sostengo que la pobreza sea menos importante, pero sí afirmo categóricamente que la corrupción es el principio de todos los males y la madre de todos los vicios públicos, por lo que garantizar el marco óptimo para afrontarla significa avanzar automáticamente en la solución de los demás problemas sociales.
Si bien puede ser de mayor impacto en el bienestar la corrupción local, es decir aquella que socava directamente la tranquilidad de la sociedad a través de la típica extorsión a ciudadanos por parte de agentes de tránsito, policías, ministerios públicos, inspectores, etc., en este artículo me focalizo en la corrupción macro por considerar que el modelo de ética debe ir de arriba hacia abajo.
Personalmente no espero grandes cosas de este gobierno, incluso voté por él asumiéndolo como un mal necesario (lo cual explicaré en otro artículo), pero si logra un verdadero avance en el combate a la corrupción entonces todo lo demás habrá valido la pena, sí y sólo si la transformación anticorrupción se estructura con base en la imparcialidad y el interés general.
Por ello resulta pertinente mencionar que las políticas en materia de anticorrupción no pueden ser a costa de la viabilidad del país, de otra manera serían más bien caprichos que generarían el efecto contrario, constituyendo en sí mismos otra clase de actos de corrupción.
En cambio, una estrategia diseñada de forma responsable y con una visión holística, generará confianza entre actores públicos y privados, nacionales e internacionales, y por ende un mejor clima para los negocios, el empleo, el bienestar y la vida cotidiana.
De momento las señales son erráticas. Un día vemos noticias alentadoras respecto al combate a la corrupción, y al otro día vemos actos de funcionarios que, algunos veladamente y otros con mayor descaro, replican las mismas tramposas prácticas que han marcado toda nuestra historia de ejercicio público.
También abundan las acusaciones opositoras de que las acciones en la materia no han pasado de espectáculos mediáticos y revanchismos, sin embargo sostengo categóricamente que, si tales procesos tienen la debida sustancia y se siguen con toda imparcialidad, entonces deben ser acciones dignas de aplauso y reconocimiento. Lo malo es que sean acciones selectivas y se siga encubriendo a los cuates, pero hay que entender que el combate a la corrupción en su etapa correctiva inevitablemente pasa por su explotación mediática, y ello lejos de demeritar la acción debe ser un mensaje alentador para la sociedad y los mercados y una advertencia para los posibles infractores.
En una visión integral, las políticas públicas anticorrupción deben enfocarse más bien en el diseño e implementación del marco institucional óptimo para acotar las oportunidades e incentivos a la comisión de actos ilegales y, en caso de que sucedan, para facilitar su detección y/o denuncia, la sólida sustanciación e integración de expedientes, la más ejemplar y oportuna sanción y el consecuente resarcimiento de daños y perjuicios al estado y a la sociedad.
Esta es una tarea mayúscula y que sigue pendiente, pero de la que además no hemos visto la menor intención de ser emprendida en el corto plazo.
La conformación e implantación del marco óptimo en la materia implicaría, inevitablemente la autolimitación en la discrecionalidad del ejercicio del poder público, por ello tendría que ser impulsado por un estadista que encabece un gobierno responsable, patriota y legítimamente comprometido con el bienestar general de los mexicanos, que además tuviera la suerte de contar con una mayoría en el Congreso de la Unión para aprobar e implementar las reformas necesarias sin mayor obstáculo, pero al momento ningún gobierno ha mostrado disposición a autorregularse, incluyendo al actual, aun teniendo a su favor las condiciones perfectas para hacerlo.
El impulso también puede provenir de un bloque opositor mayoritario, sin embargo los incentivos se diluyen ante las expectativas de gobernar en el mediano plazo, ya que estarían acotando su propia discrecionalidad en caso de resultar electos para un siguiente gobierno.
Dicho de otra manera nadie está dispuesto a patear la silla en la que pronto se podría sentar, pero la esperanza y la exigencia permanecen, pues cada oportunidad perdida tiene un altísimo costo socioeconómico y mina la eficacia de las acciones en otras áreas socialmente sensibles.
