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Londres.- Amnistía Internacional (AI) denunció el aumento de los ataques de gobiernos de todo el mundo contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) mediante la creación de leyes que las someten a ellas y a su personal a vigilancia, trabas burocráticas o amenazas de encarcelamiento.

Estas restricciones se justifican con todo tipo de argumentos, entre ellas la "seguridad nacional", la preocupación por la "injerencia extranjera", la necesidad de proteger los valores tradicionales o las creencias religiosas, precisó AI.

En su reporte titulado “leyes diseñadas para silenciarse: la represión mundial contra las organizaciones de la sociedad civil”, AI alerta sobre el sorprendente número de países que utilizan técnicas de acoso y regulaciones represivas para evitar que las ONG realicen su trabajo vital.

El informe enumera 50 países de todas las regiones del mundo donde se han implementado leyes que frenan la actividad de las ONG o las están elaborando.

Estas leyes comúnmente incluyen la implementación de procesos de registro ridículos para las organizaciones, el monitoreo de su trabajo, la restricción de sus fuentes de recursos y, en muchos casos, el cierre si no cumplen con los requisitos irrazonables que se les imponen.

El secretario general de AI, Kumi Naidoo, lamentó que "en muchos países se acosa hasta sumirlas en el silencio a las organizaciones que se atreven a alzar la voz en favor de los derechos humanos". “Silenciarlas e impedir que lleven a cabo su labor tiene consecuencias para todas las personas", advirtió.

“Hemos documentado cómo un número cada vez mayor de gobiernos está colocando restricciones y barreras irrazonables para las ONG, lo que les impide realizar tareas cruciales", dijo Naidoo.

AI, con sede en Londres, citó entre sus motivos de preocupación los casos de Pakistán, que en octubre de 2018 el Ministerio del Interior rechazó las solicitudes de registro de 18 ONG internacionales y desestimó sus apelaciones posteriores, sin dar ninguna razón.

En Bielorrusia, las ONG están sujetas a una estricta supervisión estatal y trabajar para aquellas organizaciones cuya solicitud de registro es rechazada (a menudo de manera arbitraria) es un delito penal.

En Arabia Saudita, el gobierno puede negar licencias a nuevas organizaciones y disolverlas si se considera que están "dañando la unidad nacional", mientras en Egipto, las organizaciones que reciben fondos del extranjero deben cumplir con regulaciones estrictas y arbitrarias.

En tanto, en Rusia, el gobierno cataloga a las ONG que reciben financiación extranjera como "agentes extranjeros", un término equivalente a "espía", "traidor" y "enemigo del Estado".

Como Rusia, también China y Azerbaiyán han introducido más requisitos para la inscripción en el registro y la presentación de informes, lo que se puede traducir incluso en encarcelamientos como el activista Rasul Jafarov, que quedó en libertad en 2016 tras más de un año detenido en una cárcel azerbaiyana.

El secretario general de AI urgió a los líderes mundiales a garantizar un "entorno seguro" para los activistas, tal como se comprometieron en diciembre pasado durante la conmemoración del vigésimo aniversario de la Declaración sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos.

(Notimex)

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