Buscan derogar Ley Hídrica por violar el derecho al agua

Por: Patricia Guillén

@patito1811

Una vez entrada en vigor la Nueva Constitución de la Ciudad de México, asambleístas y constituyentes de Morena, y algunos colonos, buscarán derogar la Ley Hídrica, debido a que el dictamen aprobado en el pleno de la Asamblea Legislativa es distinto al aceptado en la Asamblea Constituyente.

La asambleísta Aleida Alavez indicó que en el nuevo dictamen fueron modificados cinco artículos. En el 22 y el 60 retiraron el apartado que decía que el agua es para uso doméstico; el artículo 68, que dice que ahora las multas se van al código fiscal de la Ciudad de México; el artículo 96, que refiere el establecimiento de tarifas y subsidios; y el artículo 99, que implica el pago de tarifas.

Además, los dos transitorios establecen que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) entrará en funcionamiento 180 días después de la entrada en vigor de la Nueva Ley Hídrica. Por ello, los constituyentes Clara Brugada, Héctor Bonilla, Javier Quijano y Bernardo Bátiz, anunciaron que una vez teniendo 22 firmas presentarán una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Sustentabilidad Hídrica, aprobada el pasado viernes 24 de noviembre por mayoría en la ALDF.

“El nuevo dictamen contradice lo que se aprobó en la Constitución, en ese entonces se propuso la gestión pública del agua sin fines de lucro, la protección de servicios hídricos y, como prioritario, el uso doméstico, la disponibilidad gratuita y el acceso a espacios públicos”, dijeron.

Sin embargo, indicaron que con esta nueva ley “la gestión y manejo puede transformarse en otro negocio de Mancera y sus socios, que luchan contra el tiempo con tal de comprometer el patrimonio y los recursos de la Ciudad antes de que termine su gestión”.

César Cravioto adelantó que a partir de este fin de semana iniciarán un recorrido casa por casa con la finalidad de informar a los ciudadanos en qué consiste la reciente Ley Hídrica.

Por el contrario, la Comisión de Gobierno de la ALDF informó que “la Ley no invade ni excede competencias, sino integra a más dependencias como universidades públicas, especialistas, entre otros; no busca privatizar el servicio del agua, sino al contrario, potencializará la distribución y abasto de la misma”.