Concluyeron las campañas políticas. Los resultados preliminares se computaron y los conteos finales se darán a conocer este domingo (esta columna se escribe el viernes previo a ser publicada). Independientemente de quién sea declarado electo, es claro que habrá inconformidades.
Por el simple hecho de que en toda contienda electoral las personas, no las máquinas, son las responsables de contar votos, puede existir un error.
Los partidos que no resultan triunfadores en primera instancia confían en esto y, sin duda, exigirán que se vuelvan a contar los votos. Desgraciadamente, si el resultado aún no les favorece pedirán otros recuentos o que los tribunales electorales anulen la elección (así lo declaró el PAN en Coahuila).
Diversos editorialistas han señalado que la injerencia de los gobiernos de los estados donde se celebraron las elecciones y la del Gobierno Federal deben ser sancionadas.
Sin embargo, estos mismos analistas puntualizan que miembros de otros partidos, incluso de gobiernos estatales diferentes al del estado donde se llevaron a cabo las elecciones, también participaron intentando favorecer a alguno de los candidatos. Es decir, se critica la conducta de los contrincantes, pero se pretende que la conducta propia no sea sancionada.
Ahora bien, toda elección tiene plazos fatales. No se puede continuar cuestionando resultados sin restricción. Las constituciones estatales y la federal señalan las fechas específicas para la toma de posesión de un mandatario y las leyes electorales estatales y la federal determinan exactamente cuándo debe reconocerse el triunfo de un candidato.
Los ciudadanos debemos tener certidumbre sobre los resultados de las elecciones y saber quién será el responsable de gobernar.
No es correcto que ciertos actores políticos pretendan que las leyes se adecúen a sus necesidades particulares. Si hay inconformidades con la ley y/o los tiempos que la misma establece, se deben llevar a cabo según los procesos legales previamente establecidos.
