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El 19 de septiembre de 1985, un temblor de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió México. Sus efectos fueron devastadores en la Ciudad de México. La respuesta gubernamental fue lenta. No existían protocolos reales contra desastres naturales de esa índole. México recibió ayuda internacional debido a la falta de planeación ante este tipo de incidentes. Recuerdo bien lo que ocurrió a pesar de tener nueve años.

Ayer por la noche (hoy es viernes 10) otro temblor de 8.2 grados sacudió México. En esta ocasión, el epicentro fue Chiapas y las mayores afectaciones ocurrieron en esa entidad. Según los reportes más recientes Oaxaca también tiene daños. La reacción del Gobierno Federal y los estatales debe comentarse.

El Presidente de la República, el Secretario de Gobernación (responsable de la política interna y entre cuyas atribuciones se encuentra la protección civil a nivel nacional), el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores de Chiapas y Oaxaca iniciaron labores de detección de daños y determinación de pasos a seguir.

A diferencia de 1985, cuando todos los niños asistieron a las escuelas, solo para que éstas fueran cerradas unas horas después con el fin de determinar si existían daños a las instalaciones, la Secretaría de Educación Pública Federal emitió un comunicado informando que las clases en todas las escuelas de los estados afectados se suspenderían hasta que no se determinara la viabilidad del uso de los inmuebles.

El Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos estatales, trabajó de manera congruente con la situación, activó los protocolos de seguridad que ya existen (después de 1985 se instituyeron éstos) y dio prioridad a la seguridad de los niños.

En ningún momento se consideró si cancelar clases afectaría el calendario escolar (cuestión a la que se había dado prioridad en años anteriores, por encima de las necesidades de los estudiantes). El Gobierno actuó con responsabilidad para velar por los intereses de los ciudadanos.