La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución y consignación penal de los ediles y sus cabildos de Coacalco, Estado de México, y Tlacotepec, Puebla, por desacato.
Los ediles incumplieron las sentencias dictadas dentro de juicios de amparo en contra de las afectaciones que sufrieron diversos ciudadanos por la realización de obras públicas. Ambas administraciones desacataron el fallo que ordenaba la reinstalación de más de 20 quejosos y el pago de salarios caídos y prestaciones con su respectiva actualización.
En menos de una hora, el pleno de la SCJN desintegró a los cabildos de los dos municipios y determinó la consignación penal de Erwin Castelán, alcalde priista de Coacalco de Berriozábal, así como la consignación penal de su antecesor, el diputado federal tricolor David Sánchez Isidoro, y de los otros funcionarios municipales por desacato reiterado a una sentencia de amparo en materia laboral.
La resolución se dio a conocer este martes, luego de que desde abril del 2013 se les ordenó pagar 2.3 millones de pesos por un laudo laboral favorable a Julián Domínguez Zamudio.
Por otro lado, a pesar que notificaron el cumplimiento sustituto de una sentencia de amparo 593/2015 dictada por un juez de Distrito en Puebla, el Cabildo de Tlacotepec, en Puebla, no la cumplió a cabalidad.
En el caso, la SCJN ya había ordenado una indemnización al quejoso derivada de una expropiación pero el Ayuntamiento no cumplió por lo que el ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, destacó que se trató de un doble incumplimiento.
FICHA TÉCNICA DE ERWIN CASTELÁN
El caso de Paraíso
El pasado lunes, el máximo órgano de justicia del país ordenó la destitución y consignación del presidente municipal de Paraíso, Tabasco, y su cabildo, así como la consignación del anterior alcalde y sus regidores que integraban su administración.
Suspende orden de destitución contra Cuauhtémoc Blanco
La SCJN suspendió la orden de destitución contra el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, que impuso el Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos (TJAM).
El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue quien dejó sin efectos y por tiempo indefinido la orden del Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos, que busca destituir e inhabilitar a Blanco por no acatar una multa de 27.2 millones de pesos a una empresa recolectora de basura.
Por otra parte, el máximo órgano de justicia del país admitió a trámite la controversia constitucional 4/2018 que interpuso el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, para la Ley de Seguridad Interior.
Con la admisión a trámite se abre la etapa de instrucción del juicio, en el que se analizará la constitucionalidad de la ley impugnada que entró en vigor mediante decreto publicado el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.
