El objetivo de un puñado de servidores públicos es muy claro: ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). ¿La razón? “Resulta hipergarantista” y, por tal motivo (dicen), la delincuencia crece desmesuradamente en México. Falso e irresponsable su argumento.
De hecho, de lograr tan falaz propósito, en realidad retrocederíamos más de nueve años en materia penal y tendríamos que cantarle “Las Golondrinas” al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el “villano favorito” de algunos cuantos personajes de la administración pública mexicana.
¿Qué? ¿Y dónde está el problema? Coincido con el posicionamiento de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA): “Las fallas reales se encuentran en dos aspectos. Por un lado, la falta de capacitación de sus operadores (policías, peritos, fiscales y abogados) y, por otro, la desinformación a la ciudadanía” sobre las razones que justificarían la pretendida reforma, adicional a “lo compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos”. Urge corregir ambos aspectos...
* El autor es abogado, periodista y consultor de empresas. También es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y profesor de posgrados en Alta Dirección en la UNAM, EBC, ICAMI y HC Escuela de Negocios.
