Greenpeace logra suspensión definitiva contra política eléctrica de AMLO

EFE

Ciudad de México.- Un juez otorgó este miércoles una suspensión definitiva al amparo presentado por Greenpeace contra la nueva política sobre energía eléctrica del gobierno federal, la cual limita las energías renovables.

La audiencia incidental se llevó a cabo ayer en la Ciudad de México, pero el sismo de magnitud 7.5 que sacudió el sur y el centro de México, retrasó un día la salida del acuerdo.

Por lo que hoy Juan Pablo Gómez, impartidor de justicia segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió la suspensión a la citada organización y al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

"El juez priorizó el empleo de energías renovables, ya que con la nueva política se da prioridad a las convencionales (fósiles) en detrimento de las renovables", apuntó en entrevista con Efe María Colín, especialista en derecho ambiental de Greenpeace México.

También señaló que "el uso de energías renovables permitirá mejorar la calidad de vida de las personas al mejorar la salud de la población y preservar un medioambiente sano, principal alegato de Greenpeace".

Además, la abogada relató que el juez dijo que las autoridades federales "no han aportado suficiente evidencia" para decidir que la suspensión de los acuerdos reclamados en el juicio "afectan la seguridad energética del país".

Lo conseguida por Greenpeace y Cemda fue la segunda suspensión definitiva contra la nueva política eléctrica de la llamada Cuarta Transformación.

Hace dos semanas ocurrió la primera, cuando un juez federal otorgó una suspensión definitiva en favor de la asociación civil Defensa Colectiva, la cual alegó las nuevas medidas de la Secretaría de Energía (Sener).

Cabe destacar que los actuales lineamientos federales están cifrados en el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), emitido el pasado 29 de abril, y en la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicada el pasado 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Ambas se dieron con el argumento de garantizar la estabilidad en la crisis sanitaria del coronavirus y frenaron pruebas en plantas de energías renovables, pero se reactivaron tras impugnaciones de las empresas privadas.

Colín dijo que con la suspensión definitiva se espera que las autoridades federales reconsideren sus determinaciones y busquen mejores alternativas, respetuosas con el medio ambiente y los compromisos de transición energética.

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Apuntó que la política de la Sener y el acuerdo del Cenace ponen en peligro 44 mil millones de dólares de inversión y 81 mil 500 empleos en el país.

IMCM