En 2002, escribí mi tesis sobre el financiamiento de los partidos políticos en México. Realice un análisis de los sistemas de los cuales nuestro país tomó las bases del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (España y EEUU). Investigué las razones por las que se tomaron estos sistemas como base para crear una ley en México (fueron históricas – España- y geográficas –EEUU-) y evalué si este tipo de modelos de financiamiento eran aptos para nuestro país. Concluí que México hizo una mezcla de los dos sistemas e intentó adecuarlos a las circunstancias del país.
Identifiqué que el sistema español favorecía el financiamiento público por la situación histórica de España cuando creó su sistema. Al concluir la dictadura de Franco el Gobierno Español asumió la carga económica de consolidar un sistema democrático. Las razones españolas tenían un trasfondo político.
En EEUU se favorece el financiamiento privado. Los partidos pueden recibir financiamiento público pero deben renuncia a recibir fondos privados. En ese sistema, los partidos confían en mantenerse a través de las aportaciones de sus militantes y simpatizantes. Por ende, EEUU solamente tiene dos partidos políticos. El Gobierno se enfocó a regular la procedencia de los fondos que reciben los partidos y candidatos.
México ha reformado sus leyes de financiamiento para adecuarlas a la realidad. Sin embargo, continúa favoreciendo el financiamiento público. Asimismo, ya creó un órgano fiscalizador pero éste no ha mostrado ser tan efectivo. El Gobierno debe tener como prioridad verificar que los fondos de los partidos no sean de dudosa procedencia. Ya no es responsabilidad del Estado Mexicano fomentar la existencia de diversos partidos políticos.
El Consejo General del INE pidió al Gobierno Federal para 2018, 6 mil 788 millones de pesos. Ante estas cifras, debemos reflexionar si el Gobierno y los ciudadanos que pagamos impuestos aún debemos ser responsables de financiar a los partidos políticos.
