Banco de agresores se ha convertido en otra promesa 'de nunca acabar'
Ciudad de México.- En mayo pasado, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), prometió que el banco de ADN de agresores sexuales que tendrá la entidad será el más avanzado de América Latina.
La servidora pública señaló que este sitio procesará hasta 6 mil perfiles genéticos y aseguró que en algunas semanas finalizaría el último proceso de certificación, el cual no se ha dado a conocer.
“Seguramente en dos semanas estaremos terminando el último proceso de certificación, pero ya está trabajando… Nos revisan cada equipo, cómo funciona, miden milimétricamente todo el equipo, y los reactivos, todo el proceso, es un proceso muy técnico”, explicó el 25 de dicho mes durante el informe mensual de la Alerta por Violencia Contra las Mujeres de la Ciudad de México.
Pero, aunque este banco de feminicidas y agresores sexuales que originalmente se preveía entrara en vigor en marzo de 2021, hasta la fecha no ha podido funcionar al 100% debido a que carece de la certificación internacional.
Aunque Godoy Ramos afirmó aquella vez que este sistema se encuentra funcionando e inició con la toma de 20 muestras diarias de ADN al personal de procuración de justicia y seguridad pública.
GODOY RAMOS DA LARGAS
La encargada de la Fiscalía citadina ha sido cuestionada desde abril de 2021 por el retraso, pero ella ha respondido que estaban en curso las certificaciones pertinentes y en ese entonces aseveró que cuatro meses después operaría plenamente, pero a finales de ese año informó que se postergaría hasta el primer trimestre de 2022, cosa que no ha sucedido.
Y siguiendo con sus alargues, a finales de mayo pasado declaró que bastarían dos semanas para terminar el último proceso de certificación, pero 15 días más tarde admitió que sigue en curso el trámite para lograr ese reconocimiento mundial.
Para que este banco funcione adecuadamente se necesita la certificación internacional ISO/IEC/17025 desarrollada por International Organization for Standardization (ISO), la cual se otorga a los laboratorios cuando cumplen con requisitos de competencia, imparcialidad y de operación coherente.
De acuerdo con la autoridad capitalina, cuando esté mecanismo esté al 100% en funcionamiento sus resultados serán aceptados como prueba plena en tribunales.
CNDH Y CDHCM IMPUGNAN
Con todo y que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha planteado crear un registro nacional de feminicidas y agresores sexuales, con el fin de crear un banco de datos genéticos que permita ayudar a las investigaciones sobre este tipo de crímenes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) promovieron por separado acciones de inconstitucionalidad contra el decreto que en Ciudad de México creó el Registro Público de Agresores Sexuales, al considerar que viola el derecho a la privacidad y a la seguridad jurídica.
La CNDH argumenta que este registro se contrapone con los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que este es el único que contiene las diferentes medidas de sanciones en materia penal para todo el país, por lo que la capital del país no tiene competencias para legislar sobre la regulación procedimental.
No obstante, las acciones de inconstitucionalidad llevan dos años en espera de que las resuelva el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que hasta la fecha no ha dado a conocer cuándo podrían analizarlo.
ALCANCES DE LA NORMATIVA
Una vez que en marzo de 2020 se publicaron las reformas, se sustentó que la inclusión en el Registro de Agresores Sexuales de la Ciudad de México ocurre por orden de un juez a partir de que cause ejecutoria la sentencia en caso de los delitos de feminicidio, violación, turismo sexual y trata de personas, conductas previstas en el artículo 181 bis contra menores de 12 años.
Según el Código Penal local, el impartidor de justicia ordenará invariablemente que se agregue a las personas en el Registro Público de Personas Agresores Sexuales, a partir de que cause ejecutoria la sentencia.
Mientras que el registro durará como mínimo diez y máximo 30 años, además permanecerá todo el tiempo que dure el cumplimiento de la pena de prisión impuesta, aunque esta sea sustituida o suspendida en términos de ley.
IMCM
