Martí Batres defiende a Godoy, los inmuebles decomisados por corrupción serán destinados a víctimas
Ciudad de México.- El Jefe de gobierno de la capital, Martí Batres Guadarrama, respaldó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y su titular, Ernestina Godoy Ramos, desestimando categóricamente acusaciones de espionaje vertidas por medios internacionales. Durante una conferencia de prensa, Batres afirmó: “Es una aseveración falsa, de acuerdo a lo que ha señalado la Fiscalía. Y la verdad, yo le creo a la Fiscalía. Sobre todo, hablando de temas de justicia, le creo a la fiscal y le creo a la Fiscalía."
El mandatario enfatizó la integridad y experiencia de Godoy Ramos, elogiando su compromiso con causas sociales y destacando los logros obtenidos durante su gestión. "Tengo plena confianza en la Fiscalía, la fiscal es una persona honesta y de muchos años de lucha, con una trayectoria limpia, siempre ha estado con las grandes causas", señaló.
Batres mencionó la reducción significativa de secuestros en la capital y respaldó la propuesta de ratificación al Congreso local para el periodo 2024-2028, destacando la efectividad en la disminución de la incidencia delictiva, especialmente en casos delicados, como un mérito del trabajo de la Fiscalía.
Además, informó que la FGJ entregó al gobierno capitalino el primer inmueble valuado en alrededor de 10 millones de pesos, asegurado como parte de una investigación sobre corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez. Este inmueble, ubicado en avenida de los Insurgentes Sur 1774, será destinado a la creación de una unidad interinstitucional que luchará contra la corrupción y brindará apoyo a víctimas.
“Se buscaría que haya aquí oficinas de enlace del centro de atención biopsicosocial a víctimas, de la Fiscalía; de la Fiscalía anticorrupción; de la Mesa de atención interinstitucional a víctimas de corrupción inmobiliaria; y también una oficina de enlace de la Contraloría General de la Ciudad de México", explicó.
El resto de los inmuebles asegurados podrían destinarse en beneficio de damnificados de los sismos de septiembre de 2017 o a familias de víctimas de feminicidio. Las investigaciones revelaron la tolerancia de servidores públicos a la construcción excesiva de pisos y viviendas, generando ingresos extraordinarios que no correspondían legalmente con sus salarios.
