Prisión preventiva para el novio y suegro de Montserrat por narcomenudeo en CDMX
Ciudad de México.- Un Juez de Control ha ordenado prisión preventiva justificada para Alejandro "N" y César "N", respectivamente el novio y el suegro de Montserrat Juárez Gómez, quien fue encontrada muerta en un apartamento de la alcaldía Miguel Hidalgo el 22 de septiembre.
En una audiencia celebrada en los juzgados del Reclusorio Norte, el juez determinó que la detención de ambos fue legal, ocurriendo un día después de que se descubriera el cuerpo de la joven de 25 años en la vivienda.
El Ministerio Público les ha imputado los delitos relacionados con la salud, debido a que fueron arrestados en posesión de drogas en flagrancia.
La defensa de los acusados ha solicitado la duplicidad del término constitucional de 144 horas, por lo que será hasta el próximo lunes cuando el juez defina si los vincula o no a proceso.
Hasta el momento, no se ha ejecutado la orden de aprehensión en su contra por el supuesto feminicidio de Montserrat, a pesar de que, según el vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, ya existía.
Según las investigaciones, el viernes pasado, la policía recibió un informe sobre una mujer inconsciente en un apartamento de la colonia Anáhuac I.
César "N" informó a los agentes que la joven era su nuera y que padecía trastornos alimenticios.
Paramédicos del ERUM determinaron que no presentaba signos vitales ni señales de violencia, confirmado posteriormente por autoridades ministeriales, quienes permitieron que un familiar de la difunta comenzara los trámites funerarios.
Sin embargo, agentes de la PDI de la Fiscalía de Feminicidios se presentaron en la funeraria y recuperaron el cuerpo. La necropsia reveló que la causa de su muerte fue un traumatismo múltiple.
Ayer, el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez, anunció la suspensión de paramédicos y policías como parte de las investigaciones en curso.
Simultáneamente, la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía capitalina ha iniciado una investigación para determinar si existen responsabilidades penales por parte de los funcionarios públicos que intervinieron inicialmente en el informe de la muerte de Montserrat Juárez Gómez, quien había sido reportada como desaparecida desde marzo pasado.
