Ciudad de México.- La diputada de Morena, María Clemente García Moreno, formuló este jueves una iniciativa con la que busca que el trabajo sexual sea regulado en México.
“Mi cuerpo es mío y nadie puede regularlo”, aseveró.
En su propuesta, García Moreno propone modificaciones a la Ley Federal del Trabajo a efecto de que se reconozca la práctica sexual como una actividad laboral lícita entre personas mayores de edad, también sugiere anexar la definición del trabajo sexual como una actividad que se ejerce en la vía pública, establecimientos mercantiles o por medios digitales.
A fin de diferenciar esta actividad de la explotación sexual, remarcó que ésta última como “toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación”, como se reconoce en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
“Los delitos de trata de personas que tengan relación con el ejercicio del trabajo sexual se sancionarán de conformidad con la ley en la materia”, señala.
Apuntó la diputada que las personas trabajadoras sexuales tendrán derecho a no ser discriminadas y a tener acceso a los servicios de salud cuando no tengan seguridad social, por lo que tanto la persona prestadora como quien pague por el “servicio”, estarán obligados a evitar riesgos de contagio de enfermedades y, en caso de no cumplir, se dará lugar a las responsabilidades civiles o penales meritorias.
Respecto a su material íntimo en redes sociales, declaró ante medios de comunicación que el coordinador de Morena “miente” al informar que su comportamiento será investigado por el Comité de Ética de San Lázaro, y advirtió que, de ser necesario, preparará un recurso judicial para su defensa.
“Los Derechos Humanos me respaldan, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me respalda, no necesito a nadie más”, aseveró.
Los prejuicios y la falta de información en torno al trabajo sexual, señaló, generan violencia institucional y marginación a quienes ejercen esta práctica.
“Es por ello que resulta una tarea de vital importancia que desde la ley se reconozca y proteja al trabajo sexual como una actividad lícita, que promueva el mayor número garantías en materia de seguridad y salud para las personas que lo ejercen en libertad y en pleno uso de sus derechos humanos (…) el cual ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquél que implica la toma de decisiones que sólo conciernen al individuo, no a terceros”, concluyó.
