Ciudad de México.- El sector pesquero de aguas interiores y marinas se encuentra abandonado y su futuro va a pique, porque al menos 50% de la pesca en México es irregular y gran cantidad de pescadores son obligados a trabajar para los cárteles, ante la ineficacia de la estrategia de seguridad del gobierno federal, afirmó Alejandro Desfassiaux, presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI).
De acuerdo con el último informe “Tráfico ilegal de especies en México” del Instituto Brookings (Estados Unidos), gran cantidad de pescadores en el país son forzados a trabajar para el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para abastecer la enorme demanda de China de especies como el pepino de mar o la totoaba, codiciada porque su vejiga natatoria se vende en miles de dólares en el mercado asiático. A cambio, refiere el estudio, la paga es con precursores químicos para elaborar metanfetaminas, fentanilo y opioides sintéticos, con lo que se evaden las regulaciones bancarias contra el lavado de dinero.
Mientras que en otro ángulo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de la Unión Americana prohibió recientemente a todas las embarcaciones pesqueras del territorio en el Golfo de México ingresar a los puertos estadounidenses. Esta medida se impuso tras detectar que muchas de ellas realizan actividades de pesca ilegal en aguas estadounidenses y capturan peces de gran valor para el sector como el huachinango. De igual forma, se detectó la captura de tortugas marinas, las cuales se encuentran en peligro de extinción.
Si bien se han coordinado operativos quirúrgicos importantes que le están asestado golpes críticos al crimen organizado, como el reciente en la central de abastos de Iztapalapa, donde elementos de la Guardia Nacional aseguraron un tráiler cargado con cerca de 800 kilos de carne de tiburón en plena veda de este producto, o como la ejecución del proyecto “sembrando bloques de concreto” de la Secretaría de Marina (Semar), anunciado hace semana y media para desincentivar el tendido de redes de enmalle y combatir la pesca ilegal de la vaquita marina, no son suficientes para poner fin a este flagelo, explicó Desfassiaux.
EXTORSIONAN Y COMPRAN
Además de robarles, secuestrarles y extorsionarles, los criminales obligan a pescadores a llevar un control de los volúmenes y especies capturadas, para que éstos calculen el pago de la cuota. Más de 250 mil pescadores padecen esta modalidad de extorsión, que se ha vuelto tan grave que los propios extorsionadores se han convertido en los únicos compradores y comercializadores de los productos marinos, previo “descuento” del derecho de mar.
Indicó el titular de GMSI que el cobro por derecho de mar, se ha incrementado desde que la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) abandonó la labor de inspección y vigilancia de la pesca en aguas nacionales. Esta acción, agregó, permitió el incremento de la pesca ilegal en el país y que el crimen organizado ocupe funciones regulatorias del Estado. Además de claudicar en su obligación de brindar seguridad y legalidad a la pesca, el recorte presupuestal al sector hace suponer que la ilegalidad y el deterioro de los mares en México aumentará.
Para expresarlo en números, continuó Desfassiaux, en todo el Golfo de México, donde hay una gran cantidad de embarcaciones pesqueras y 58 puertos, solo existen 5 inspectores de Conapesca, que se ha convertido en una figura decorativa, porque se eliminaron 22 de los 23 programas que administraba, dejando un subsidio de apenas 7 mil pesos al año por productor.
BARCOS DEJAN DE TRABAJAR
De acuerdo con cifras de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, durante la temporada que acaba de concluir, sólo salió a pescar el 60% de la flota regional compuesta por 580 barcos. Con ésta, suman tres temporadas sin apoyos para mejorar sus embarcaciones, además de que se canceló el subsidio a su principal insumo que es el diesel marino.
Tras todo lo anterior, Desfassiaux manifestó que para combatir las causas que favorecen la pesca ilegal en México se requiere fortalecer a dependencias como la Conapesca, la Profepa y la Inapesca, a efecto de que realicen actividades efectivas de inspección en toda la cadena de valor, innovar la vigilancia de zonas costeras mediante tecnología de punta y monitoreo satelital y modificar la estrategia de seguridad del gobierno federal para que la Semar pueda hacer su trabajo.
IMCM
