Redacción
Ciudad de México.- El Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó este martes la segunda suspensión provisional contra la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Lo anterior como parte de un amparo admitido a trámite contra la reforma, además por considerar preliminarmente que la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena viola la Constitución.
En un comunicado de Causa en Común, la asociación civil que presentó el amparo 1845/2022 contra la reforma en materia de seguridad el pasado 26 de octubre, se detalla que el juez Roberto Fraga Jiménez determinó que “permanezca al mando civil de la Guardia Nacional como cuerpo policial adscrito exclusivamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, durante el trámite del juicio de garantías.
La organización aseguró que el juzgador explicó que tiene claro que la reforma propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador viola el artículo 21 de la Constitución, el cual establece que las instituciones de seguridad serán de carácter civil.
Con ello, la Sedena no puede ejercer de su presupuesto en la institución de seguridad, ni tomar decisiones sobre su operación, sin embargo, el juez resolverá el próximo 22 de noviembre si concede la suspensión definitiva.
“El decreto impugnado pretende normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, a través de la adscripción y subordinación de la Guardia Nacional (…) De no concederse la suspensión podrían trastocarse los derechos de la parte quejosa (…) así como de la sociedad misma, al establecer una institución de seguridad de carácter militar y no civil como lo prevé el texto fundamental”, argumentó.
La suspensión se sumó a la concedida a Uniendo Caminos México desde octubre pasado por la juez Noveno de Distrito en Guanajuato, Karla Macías, la cual fue impugnada por el gobierno federal.
Ambas medidas actualmente están vigentes, por lo que la militarización de la GN permanece frenada.
En septiembre, el Congreso de la Unión aprobó la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, esto pese a que la Constitución estipula que el organismo de seguridad debe ser enteramente de carácter civil.
