Ciudad de México.- La incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá que esperar, luego de que el Juzgado Noveno de Distrito con residencia en Guanajuato, otorgará una suspensión definitiva a Ángel Castro Gómez, representante de la organización civil Uniendo Caminos México, quien presentó un amparo contra el decreto publicado el pasado 26 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.
Con esta acción emitida por la jueza federal Karla María Macías Lovera, se bloquea por el momento la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena y la corporación policiaca tendrá que regresar a estar bajo el control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La impartidora de justicia determinó que el carácter de defensor de derechos humanos del quejoso le da interés legítimo para impugnar el decreto.
En su alegato, Castro Gómez consideró que la reforma a las leyes en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública representaban un riesgo para el libre ejercicio de actividades dirigidas a proteger los derechos humanos, al considerar que si la Guardia Nacional estaba en manos del Ejército podría originar un efecto inhibidor y amedrentador de libertades sociales como la libre manifestación de ideas, expresión y reunión.
Agregó que la seguridad pública no debe ser de carácter militar, sino que es una función del Estado de naturaleza civil a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución.
Basarán ordenanza con precedentes
La suspensión definitiva otorgada por la jueza Macías Lovera tendrá que estar sustentada con jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Así lo indicó la misma impartidora de justicia quien recordó que la Corte Interamericana tiene establecido que las naciones deben limitar hasta donde les sea posible la actuación de las fuerzas armadas para combatir la criminalidad común y violencia interna.
“El entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”, destacó.
Los efectos
Con la suspensión definitiva, además de frenar la transición de la Guardia Nacional a Sedena, también se detiene de forma inmediata la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales a que se refiere el artículo Sexto transitorio, fracción II, del decreto.
Si las transacciones ya habían comenzado, tendrán que restituirse todos los recursos de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en los términos previstos en el Presupuesto de Egresos de 2022.
