Revés para Murillo Karam, juez determina que exprocurador permanecerá en prisión

El pasado 1 de noviembre, el juez José Rivas González otorgó a Jesús Murillo Karam, exprocurador de la extinta PGR, el beneficio de prisión domiciliaria en uno de los procesos relacionados con delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia en las investigaciones del caso Ayotzinapa.

En la audiencia del 10 de noviembre, la defensa de Murillo Karam buscaba que la medida cautelar fuera ratificada por el testimonio de Hernández Leyva. Sin embargo, la solicitud fue negada en otro procedimiento penal relacionado con actos de tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, alias "El Cepillo", presunto miembro de Guerreros Unidos vinculado a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014.

Entre las razones para solicitar arraigo domiciliario, se argumentó que Murillo Karam presentaba diversos problemas de salud, como diabetes, hipertensión, bronquitis, indicios de demencia y Alzheimer.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha denunciado que Murillo Karam disfruta de varios privilegios en su habitación de la Torre Médica de Tepepan, incluyendo un baño privado, una consola de videojuegos y visitas diarias de hasta tres horas.

A menos que la defensa impugne esta decisión ante un Tribunal Colegiado y este conceda el arresto domiciliario, Murillo Karam no podrá regresar a su residencia en Lomas de Chapultepec.

En su cuenta de X, antes Twitter, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y continuador de las investigaciones del caso Ayotzinapa, celebró la decisión del juez de no conceder la prisión domiciliaria.

"Jesús Murillo Karam continuarán en prisión por el #CasoAyotzinapa En audiencia, un juez determinó que no amerita la prisión domiciliaria por haber riesgos de fuga. Ello, por el segundo caso por el que se le vincula: desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos. Celebro la decisión. No debe haber privilegios ni impunidad", escribió el exfuncionario.

Jesús Murillo Karam es actualmente el funcionario gubernamental de más alto rango detenido en relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrido hace 9 años en Iguala, Guerrero