Patricia Guillén
@patito1811
El pasado viernes 5 de enero, habitantes de las delegaciones Tláhuac e Iztapalapa interpusieron cuatro amparos indirectos ante el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México en contra de la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la capital.
Josefina MacGregor, de la organización Suma Urbana, dijo que dicha ley no beneficia a los capitalinos, esta “no constituye un Atlas de Riesgo y pasa por alto elementos básicos de seguridad y no da resultados de ingeniería forense”.
Las cinco demandas de amparo fueron turnadas a los Juzgados Primero, Quinto y Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
Lo anterior se derivó luego de que la organización Damnificados Unidos entregara un oficio ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH), dirigida a Nashieli Ramírez Hernández, presidenta del organismo, a quien le indicaban que la Ley aprobada por la Asamblea Legislativa presentaba “una visión limitada de derechos humanos, y no cuenta con un diagnóstico cuantitativo o cualitativo de las condiciones de vulnerabilidad en las zonas dañadas por el sismo”.
Pero dicho organismo, a través del oficio CDHDF/DGJ/ OE/240/2017, respondió que “esta Comisión estudió la ley referida sin que se haya identificado que sea contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
“Mal inicia el 2018 la Ciudad de México en materia de Derechos Humanos, su presidenta Nashieli Ramírez decidió no interponer la Acción de Inconstitucionalidad ante la mal llamada Ley de Reconstrucción”, expresaron los colonos a través de las redes sociales.
