Toluca.- Establecer las reglas mínimas de comportamiento cívico para garantizar el respeto a las personas y sus bienes, mejorar la convivencia social y mantener el orden público, además de impulsar en los municipios los mecanismos alternativos de solución de controversias, son propósitos de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y Municipios, aprobada por el Congreso mexiquense y que entró en vigor el pasado 23 de noviembre, un día después de su promulgación por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
El nuevo ordenamiento promueve el acceso a la justicia a través del conjunto de procedimientos orientados a fomentar la Cultura Cívica y de la legalidad para dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos cotidianos, facilitar la convivencia en la comunidad y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia, además de regular su funcionamiento en los municipios mexiquenses.
La ley, que por separado impulsaron las diputadas Karla Aguilar Talavera (PRI) y Azucena Cisneros Coss (Morena), señala que, para promover la convivencia armónica de las personas y la preservación del orden público, son valores fundamentales la corresponsabilidad entre habitantes y autoridades para conservar el medio ambiente, el entorno urbano, las vías, espacios de concurrencia colectiva, los servicios, la salud y la seguridad pública.
