Toluca.- La diputada Zaira Cedillo Silva (Morena), presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la LXII Legislatura mexiquense y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez coincidieron en destacar los avances y resultados alcanzados por el Congreso del Estado de México en materia de combate y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Entre ellos resaltaron las reformas aprobadas para sancionar el abuso y el acoso sexual, así como la legislación que tipifica y castiga la violencia vicaria, fortaleciendo el marco legal para la protección de los derechos y la integridad de las mexiquenses.
Durante la firma del ‘Compromiso por la Igualdad’, encabezada por la mandataria estatal, y en presencia del diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la legisladora subrayó la incorporación del lenguaje inclusivo en la Constitución, las acciones para reducir la brecha salarial, las medidas para combatir el acoso y el abuso sexual, así como la tipificación y sanción de la violencia vicaria. Además, enfatizó los avances para garantizar el derecho de las mujeres a decidir.
En el evento, celebrado en Toluca con la participación de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT), presidenta de la Comisión Legislativa para las Declaratorias de Alerta de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, la congresista subrayó que se ha logrado reforzar el cumplimiento de la igualdad sustantiva en las instituciones policiales y gobiernos y garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos (la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación) como un paso histórico.
En el marco del ‘Día Internacional de la Mujer’, que se conmemora cada 8 de marzo, añadió que se han fortalecido las acciones para combatir el acoso y el abuso sexual, pues desde la primera denuncia hay consecuencias para los agresores y medidas de protección coordinadas y efectivas para las víctimas. Además, resaltó que, gracias al respaldo del presidente de la Jucopo, de congresistas y de la gobernadora, se avalaron penas de hasta ocho años de prisión por incurrir en violencia vicaria.