Toluca.- La diputada del PAN Joanna Felipe Torres, propuso reformar el marco normativo para que los eventos públicos gratuitos, sin fines de lucro, con aforos menores y con fines culturales o de esparcimiento lícito, requieran únicamente un aviso con 48 horas de anticipación, manteniendo la autoridad la atribución de vigilar que se cumplan las disposiciones aplicables en materia de seguridad y protección civil.
En la tribuna de la Legislatura mexiquense, la diputada señaló que para garantizar certidumbre jurídica y evitar que el silencio de la autoridad paralice la vida cultural, se incorpora de manera expresa la figura de la afirmativa ficta: transcurrido el plazo correspondiente sin que la autoridad emita respuesta o prevención fundada y motivada, el evento se entenderá legalmente autorizado y expedito para su realización, conservando la autoridad únicamente sus facultades de verificación en materia de orden, protección civil y seguridad.
Joanna Felipe Torres, señaló que las cifras oficiales del Inegi revelan un reto urgente: en el último año disminuyó el número de personas que realizaron alguna actividad artística, como pintar, tocar un instrumento, bailar, escribir o actuar. Asimismo, de la población que asistió a actividades culturales, apenas el 16 por ciento acudió a una obra de teatro, perdiendo una oportunidad clave para ejercitar el pensamiento crítico, la memoria y la empatía colectiva.
A este escenario, dijo, se suma la situación presupuestal en nuestra entidad, donde para el ejercicio fiscal 2026 se destinaron 2 mil 71 millones de pesos a cultura y arte, lo que equivale al 0.50 por ciento del total estatal, registrando una reducción proporcional frente al 0.52 por ciento de 2025. El desarrollo integral exige un compromiso presupuestal a la altura de las necesidades humanas y del talento de nuestra gente.
Aunado a ello, agregó la legisladora, la propia ciudadanía y los promotores que buscan llevar arte gratuito a las colonias enfrentan con silencios administrativos, trabas burocráticas complejas, horarios incompatibles y falta de coordinación entre las dependencias. Con frecuencia, eventos familiares, sin fines de lucro, sin riesgos de protección civil y con aforos moderados son cancelados o condicionados a autorizaciones ambiguas en los municipios.
La diputada izcallense comentó que esta práctica pasa por alto el artículo 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 128/2024 y su acumulada 130/2024, el cual estableció que condicionar el derecho de reunión pacífica a un permiso de la autoridad municipal resulta inconstitucional.
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