Adriana Novelo
Toluca, Méx.- El Congreso mexiquense analizará la iniciativa de reformas a la Constitución Política y al Código Penal, ambos de la entidad, para que el personal docente cuente con el derecho a mecanismos de defensa legales contra posibles actos que vulneren su integridad y seguridad física, psíquica y moral, su dignidad o su vida, en su calidad de docentes.
La propuesta, que analizará las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia, propone sanciones de seis meses a cuatro años de prisión a quien cometa el delito de lesiones en contra de personal del sector educativo público o privado, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
Asimismo, de tres a seis meses de prisión a quien no preste atención a las amenazas realizadas por personas ajenas al centro educativo, por padres, madres, tutores o cuidadores en primer grado, y por estudiantes en contra del personal docente de apoyo y asistencia a la educación pública y privada.
