Por: Luis Hernández Martínez
Durante un año pregunté a un centenar de mexicanos (todos con universidad terminada, cursando estudios de posgrado, pero con especialidades relacionadas con administración, sistemas, finanzas, economía, contabilidad, arquitectura, ingeniería; uno que otro abogado): ¿cuántos artículos tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)? El universo muestra ofreció una respuesta, ninguna correcta.
Pero más allá de si los encuestados conocían o no la cifra, la campana –alarma ciudadana– lleva sexenios repiqueteando. ¿Por qué? Porque existe la equivocada creencia en la mayoría de los mexicanos de que la Constitución solo tiene que importarte –y de manera selectiva, no integral– si tus fines son la grilla y la politiquería (no confundir con Política, sí con P mayúscula).
¿Otra razón por la que doblan las campanas? Su incumplimiento. En la práctica cotidiana son muy pocos los ejemplos con los que podemos documentar que la CPEUM brilla por su acatamiento. Faltan casos –no escupitajos de demagogia– en las políticas públicas relacionadas con el bienestar común, el combate a la desigualdad, la competitividad, la responsabilidad social…
Bueno, para acabar pronto, en ocasiones –cada vez más constantes– la Constitución tampoco se refleja en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). ¡Los mismos servidores públicos que ahí trabajan lo reconocen públicamente! Incluso lo expresan ante abogados (la mayoría más preocupada por lisonjearlos y metida hasta las manitas en mares llenos de conflictos de intereses) que solo atinan a menear la cabeza en señal de aprobación.
¿Qué haremos? En el estricto contexto del centenario de nuestra CPEUM, leerla. Luego socializarla entre nuestro ámbito de influencia. Inmediatamente después exigir su cumplimiento. Necesitamos conocer nuestra Carta Magna y no solo agradecerle que tenemos un puente vacacional con tufo constitucional.
* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección, Derecho, Gobierno y Políticas Públicas en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.
