Ciudad de México.- La coordinación de Morena en el Congreso capitalino manifestó su intención de retomar el proyecto legislativo para eliminar el aborto como delito del Código Penal local.
Xóchitl Bravo Espinosa, líder de la bancada, señaló que es momento de "descongelar" esta reforma, la cual permanece sin avances significativos desde noviembre de 2024, a pesar de haber sido aprobada previamente en comisiones.
Dicha propuesta, originalmente presentada por la diputada guinda Yuriri Ayala Zúñiga, busca evitar la criminalización de las mujeres al retirar las sanciones por la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación.
Aunque el dictamen contaba con el aval de las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género, el proceso se detuvo cuando el propio grupo parlamentario de Morena decidió posponer la votación en el Pleno para buscar un mayor consenso social mediante foros que, tras casi dos años, aún no se han realizado.
INCREMENTO EN LA CRIMINALIZACIÓN Y ESTADÍSTICAS ACTUALES
La urgencia por retomar el diálogo coincide con un aumento en la persecución legal de este procedimiento en la capital. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Ciudad de México registró 244 carpetas de investigación por el delito de aborto en 2024, lo que representa un incremento de 31.8% respecto al año previo.
Esta es la cifra más alta reportada desde 2020, reflejando una tendencia creciente en las indagatorias realizadas por la fiscalía local.
Bravo Espinosa indicó que el objetivo es integrar la discusión de esta iniciativa en el periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre de 2026, marcando el cierre de la actual legislatura.
La propuesta contempla la apertura de mesas de diálogo con colectivos feministas y dependencias gubernamentales, como las secretarías de las Mujeres a nivel local y federal, para asegurar que la reforma garantice plenamente los derechos reproductivos.
Actualmente, el marco legal sanciona con penas de tres a seis meses de prisión a quienes interrumpan voluntariamente su embarazo después del límite permitido de 12 semanas.
IMCM
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