Brugada niega intereses inmobiliarios tras desalojo del Refugio Franciscano
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, rechazó que el desalojo y rescate de animales del Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, esté relacionado con intereses inmobiliarios, y aseguró que no se autorizará ningún desarrollo inmobiliario en ese predio, además de que se respetará la resolución judicial sobre su posesión.
Durante una visita al albergue provisional ubicado en la Gustavo A. Madero, donde permanecen 183 perros rescatados, Brugada afirmó que el objetivo del operativo no fue criminalizar a rescatistas ni a asociaciones animalistas, sino garantizar el bienestar animal. Subrayó que el rescate es el más grande en la historia de la Ciudad de México.
La mandataria capitalina destacó que actualmente más de 60 médicos veterinarios y alrededor de 100 personas participan en las labores de atención, cuidado y resguardo de los animales en los distintos espacios habilitados, donde ahora cuentan con supervisión profesional permanente, alimentación adecuada y atención médica continua, condiciones que, dijo, representan un avance sustantivo respecto a su situación previa.
Ante las versiones difundidas en redes sociales por activistas, que apuntaban a una presunta colusión entre autoridades e inmobiliarias para vender el predio donde operaba el refugio, Brugada fue enfática al señalar que no existe ningún interés inmobiliario y que su gobierno no permitirá construcciones en ese espacio. Reiteró que la actuación de las autoridades se dio en cumplimiento de una orden judicial derivada de las condiciones en las que se encontraban los animales.
Refugio Franciscano, en medio de un pleito legal
El contexto legal del caso se remonta al testamento de Antonio Haghenbeck y de la Lama, fallecido en 1991, en el que se estableció que el predio debía destinarse exclusivamente a la protección y cuidado de animales, prohibiendo su venta. Sin embargo, en 2021 la Fundación Antonio Haghenbeck, heredera legal, inició un juicio civil para recuperar la posesión del inmueble. Posteriormente, el 8 de diciembre de 2025, un juez local ordenó el desalojo del refugio, lo que derivó en una serie de recursos legales, suspensiones y denuncias.
Aunque en redes se difundió que el operativo respondía a un interés inmobiliario, documentos oficiales confirman que el predio sí fue vendido al fideicomiso 303 de Banco Ve por Más, según consta en el folio de compraventa 944 2596 emitido por el Registro Público de la Propiedad de la CDMX.
No obstante, el Gobierno capitalino insistió en que esto no implica autorización para desarrollar proyectos inmobiliarios y que cualquier decisión estará sujeta a lo que determinen las instancias judiciales.
Brugada adelantó que los caninos resguardados en la GAM serán trasladados a instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC, y refrendó la construcción de la Utopía Canina, además de una iniciativa de ley para regular albergues y refugios, la cual, aseguró, no busca desaparecerlos ni perseguirlos, sino darles certeza jurídica y apoyo institucional.
La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, explicó que las imágenes difundidas tras el traslado correspondieron a una etapa transitoria. Detalló que los 183 perros ubicados en el Deportivo Hermanos Galeana cuentan con expedientes clínicos, vacunación, alimentación supervisada y paseos programados, bajo la vigilancia de 15 médicos veterinarios y personal de apoyo.
Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, señaló que se mantiene diálogo permanente con organizaciones animalistas y con la directora del refugio, y garantizó que no habrá criminalización, aunque aclaró que la PAOT y la Fiscalía deben continuar con los protocolos derivados de las denuncias. En tanto, el secretario de Obras, Raúl Basulto, informó que los animales se encuentran en tres espacios temporales con una capacidad aproximada de 600 metros cuadrados.
El operativo realizado los días 7 y 8 de enero de 2026 permitió el aseguramiento de 936 animales, entre ellos 759 perros y 39 gatos, de los cuales al menos 798 presentaban indicios de maltrato o negligencia, según dictámenes de medicina veterinaria forense.
