Redacción
Ciudad de México.- Busca la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a un funcionario de la alcaldía Benito Juárez y a una gestora, involucrados en la red de corrupción del sector de bienes raíces en la demarcación.
De acuerdo con el organismo, por esta situación ha solicitado a Interpol México emitir fichas rojas para la localización de ambos personajes, identificados como César “N”, adscrito a la Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación de la alcaldía, así como Elvia 'N'.
Los dos tienen órdenes de aprehensión en su contra, por su probable participación en los delitos de extorsión y ejercicio ilegal del servicio público.
Ulises Lara López, vocero de la FGJCDMX, detalló que el modo de operar era solicitar a empresarios o vecinos cantidades de dinero para aprobar permisos de construcción en la demarcación.
En un mensaje a medios de comunicación, indicó que a través de una denuncia ciudadana se asentó cómo es que operaban estas gentes, lo que les permitió obtener órdenes de arresto, pero que por desgracia cuando buscaban cumplirlas estas no se encontraban en sus domicilios.
Advirtió que las investigaciones continuarán hasta dar con los responsables de estos hechos, así como las personas que se encuentran a la cabeza de esta red de corrupción.
PAGOS Y MÁS PAGOS
Refirió que la víctima se presentó a la ventanilla única de la alcaldía Benito Juárez con la intención de presentar una manifestación de construcción a inicios de 2022, por lo que al ingresar en julio del mismo año a preguntar sobre el trámite que había realizado con anterioridad, el servidor público César “N” le comentó que dicho trámite no podía realizarse porque necesitaba un último acuerdo.
Lara López detalló que el quejoso afirmó que para continuar el proceso le solicitó 82 mil 500 pesos que debía pagar directamente en las oficinas de la Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación de la demarcación.
No obstante, aseguró que le comentaron que realizando este pago quedaría garantizado el trámite y durante el proyecto, así como la realización de la obra, no tendría ningún problema de verificaciones, ni de protección civil.
Pero que posteriormente tendría que realizar otra aportación económica, esta más grande, dado que según faltaban las constancias de seguridad estructural y el visto bueno para los permisos de construcción.
Y de esta manera, el vocero dio a conocer otro caso similar, pero de 2019, cuando otra víctima fue notificada por la alcaldía que, para poder dar trámite a una manifestación de construcción, el mismo servidor, César “N”, le había exigido una aportación de 25 a 30 mil pesos por cada unidad o departamento con que contaría el inmueble a construir.
IMCM
