Ciudad de México.- A más de un año y medio de la tragedia en el festival Axe Ceremonia, la familia del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández encabezó una marcha y concentración frente al Poder Judicial de la Ciudad de México.
Durante la reanudación de la audiencia inicial, los familiares y su representación legal denunciaron que las corporaciones involucradas en el evento masivo han recurrido a una batería de amparos y pretenden declarar la prescripción del delito para evitar ser vinculadas a proceso por homicidio culposo.
Protestas y exigencias frente al Poder Judicial de la CDMX
Con pancartas, un altar memorial e insignias como "El poder económico no debe comprar impunidad" y "Vinculación a proceso para los AXEsinos", integrantes de la colectiva #HoySomosTodoPorMiguel, amigos y colegas del gremio periodístico se manifestaron a las afueras de los juzgados de la avenida Niños Héroes.
La movilización acompañó el desarrollo de la audiencia donde un juez de control debe determinar la situación jurídica de tres personas morales (empresas) y siete personas físicas.
Durante la jornada, Diana Laura Rojas, hermana de Miguel Ángel, fijó la postura de la familia ante los medios de comunicación:
Exigimos que Grupo ECO sea vinculado al proceso, queremos que el Poder Judicial de la Ciudad de México tome una decisión sobre su probable participación, y que permita que el proceso avance conforme a la ley…”
“No pedimos que se condene a nadie por adelantado, solo que el poder económico no impida que se haga justicia”.
Diana Laura enfatizó que la exigencia familiar no busca un fallo apresurado, sino un procedimiento transparente en igualdad de condiciones legales:
“No se está pidiendo una sentencia anticipada, sino que la justicia avance sin privileges, ni ventajas del poder económico de estas empresas millonarias”.
Las empresas imputadas y la acusación por el colapso de la estructura
El expediente por la muerte de Miguel Ángel Rojas Hernández y de su colega Berenice Giles Rivera —ocurrida el 5 de abril de 2025 tras el colapso de una grúa con estructuras metálicas en el Parque Bicentenario— señala la presunta responsabilidad de tres corporativos:
- La Agencia de los Socios (conocida como Grupo ECO), empresa organizadora principal del festival.
- Operadora Eclectic, administradora del Parque Bicentenario y encargada del Programa Especial de Protección Civil.
- Obra Negra (O.N. Producciones Creativas), firma responsable del montaje y la decoración.
De acuerdo con las indagatorias presentadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la asesoría jurídica de las víctimas, las grúas fueron contratadas por Grupo ECO y Obra Negra el 2 de abril de 2025 e ingresadas al recinto el 4 de abril. Pese a alertas tempranas sobre ráfagas de viento y haber afirmado previamente ante las autoridades que no se elevarían más estructuras, las grúas fueron montadas durante la madrugada del 5 de abril sosteniendo decoraciones de osos que sirvieron como puntos de encuentro.
Hasta el momento, la única persona vinculada a proceso es María del Pilar “N”, responsable de Protección Civil del evento, quien enfrenta el procedimiento en libertad bajo medidas cautelares tras elegir definir su situación de forma inmediata. Los diez imputados restantes recurrieron a la duplicidad del término constitucional de 144 horas.
Denuncian más de 15 amparos y un intento de alegar prescripción
La abogada de la familia de la víctima, Tabata Ximena Salas Ramírez, y el representante Edwin Alan Piñón González advirtieron que las defensas de los corporativos han promovido más de 15 juicios de amparo y recursos legales con el propósito de dilatar la audiencia.
En las sesiones recientes, la defensa de Grupo ECO solicitó al juez declarar la prescripción del delito de homicidio culposo, argumentando que el plazo legal venció el pasado 5 de octubre de 2026. Al respecto, la abogada Tabata Ximena Salas Ramírez rechazó enfáticamente ese argumento:
Trataron de sorprender al juez pidiendo la prescripción del delito. Ellos argumentan que como el evento ocurrió el 5 de abril, se tiene un año y medio de acuerdo a su interpretación absurda de la ley”.
Salas Ramírez reiteró que los retrasos acumulados a lo largo de más de 18 meses responden únicamente a tácticas de la defensa:
“Ustedes saben y lo hemos denunciado a lo largo de más de estos 18 meses que si se ha retrasado el proceso, no es imputable ni a la Fiscalía, ni a la familia, ni a la asesoría de la familia Rojas. Es imputable directamente a las empresas y sus estrategias dilatorias de defensa”.
Asimismo, la litigante destacó la solidez de las pruebas recabadas en la investigación:
“Se tienen los medios suficientes, los datos de prueba suficientes para acreditar que todas las personas que están en esa sala de audiencia, incluidas las personas morales, pudieron haber participado en el hecho que la ley señala como delito de homicidio culposo y agravio de Miguel Ángel Rojas Hernández”.
Revelación sobre cobro de seguro por 100 millones de pesos
Durante el proceso penal se dio a conocer que la aseguradora GMX Seguros emitió un pago a favor de La Agencia de los Socios (Grupo ECO) tras el siniestro en el evento. Un escrito formal de la compañía de seguros expone:
“Se hizo el pago al asegurado la agencia de los socios con la condición de que nos sea enviada la justificación del uso de dicho dinero y que sirva para resarcir los daños a las familias afectadas, además de darse por pagados de los gastos legales”.
Ante esta revelación, la abogada Salas Ramírez cuestionó el destino de esos recursos y acusó a los corporativos de fondear su defensa legal a partir del cobro de la póliza:
“La carta que nos corrieron ayer, de donde nos enteramos de esta información, no vienen cantidades, pero igual les quiero comentar que esos seguros que hacen referencia son de 100 millones de pesos. Entonces, evidentemente, por eso sostenemos que las empresas se siguen enriqueciendo a costa de la muerte y la tragedia que viven dos familias”.
Aunque la familia de la fotoperiodista Berenice Giles firmó un acuerdo de reparación en mayo de 2026 con Grupo ECO y Obra Negra, los familiares de Miguel Ángel Rojas han rechazado cualquier arreglo económico que implique retirar las acusaciones, exigiendo que los juzgadores determinen las responsabilidades penales correspondientes.
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