El Gobierno de la Ciudad de México prepara un modelo de atención residencial para personas en situación de calle con problemas de adicciones y salud mental, como parte de la nueva Red de Atención, Cuidados y Construcción de Autonomía.
Durante la presentación del nuevo modelo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que las personas que requieran atención especializada podrán acceder a espacios de estancia intensiva, sin que el consumo de sustancias sea por sí mismo una causa para excluirlas de la red de cuidados.
De acuerdo con el secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes, la atención residencial para casos de adicciones podrá tener una duración de uno a seis meses, dependiendo de las necesidades de cada persona y de la valoración realizada por los equipos especializados.
El modelo contempla que las personas sean evaluadas desde su primer contacto con las brigadas de atención en calle y, cuando sea necesario, canalizadas a las Comunidades de Cuidados u otros espacios especializados.
La secretaria de Salud, Nadine Gasman, explicó que la ruta de atención incluye la participación de personal médico, psicológico, odontológico, de enfermería y laboratorio, además de servicios especializados para personas con problemas de salud mental o consumo de sustancias.
Las autoridades señalaron que la atención será voluntaria y basada en el consentimiento, con un enfoque de reducción de daños. Las personas podrán ingresar, salir, regresar o cambiar de servicio de acuerdo con sus necesidades y decisiones.
El modelo también contempla atención para personas que atraviesen crisis agudas de salud mental o consumo de sustancias. En estos casos podrán ser trasladadas a servicios hospitalarios y posteriormente reincorporadas a la red mediante un egreso acompañado.
Las nuevas Comunidades de Cuidados sustituirán progresivamente el esquema tradicional de albergues y buscarán ofrecer espacios con mayor privacidad, atención individualizada y condiciones que permitan avanzar hacia la autonomía.
El objetivo final, de acuerdo con las autoridades, es que las personas puedan transitar hacia una vida con mayor independencia, acceso a vivienda y recuperación de su proyecto de vida, sin que la atención implique su internamiento obligatorio.
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