Ciudad de México.- Esta semana, el Congreso de la Ciudad de México inicia de manera formal el proceso legislativo y la etapa de parlamento abierto para analizar la iniciativa de la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles.
Presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, durante su Segundo Informe de Gobierno, la propuesta busca establecer un nuevo marco normativo para regular el mercado del alquiler habitacional en la capital.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, Olivia Garza, confirmó el inicio de la consulta ciudadana de al menos diez días hábiles a partir de la publicación de las iniciativas en la Gaceta Parlamentaria.
Con ello, las comisiones dictaminadoras estarán obligadas a recibir y considerar las propuestas formuladas por la población antes de elaborar el dictamen que se someterá a votación en el Pleno.
Por su parte, la bancada mayoritaria de Morena adelantó que prevé aprobar esta legislación dentro del actual periodo ordinario de sesiones.
Implicaciones y contexto: Así cambiarán las reglas para rentar en la CDMX
De ser aprobada en sus términos, la Ley de Rentas Justas CDMX transformará el esquema de arrendamiento residencial mediante diversas disposiciones normativas:
- Tope al aumento de rentas ligado al inmueble: El incremento anual del precio del alquiler no podrá rebasar la inflación reportada por el Inegi respecto al año anterior. Esta restricción se vinculará directamente a la vivienda y no solo al inquilino, impidiendo que el propietario eleve desmedidamente el costo al cambiar de arrendatario. Solo se permitirán aumentos extraordinarios si el arrendador demuestra haber realizado mejoras sustantivas en el inmueble previa autorización de la Defensoría.
- Registro digital de contratos de arrendamiento: Administrado por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), obligará a los arrendadores a registrar los contratos en un plazo máximo de 30 días posteriores a su firma.
- Mecanismos de protección y acompañamiento: Se creará la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias para brindar asesoría y mediación jurídica gratuita, junto con un Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos que velará por el respeto a los derechos humanos durante diligencias judiciales.
- Sanciones y multas para arrendadores:
- Elevar la renta por encima del límite inflacionario generará sanciones administrativas de entre 100 y 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a $11,731 y $46,924 pesos.
- Omitir el registro del contrato se castigará con multas equivalentes a uno y tres meses de la renta pactada.
- No entregar una copia del contrato al inquilino ameritará multas de 25 a 50 UMA ($2,932.75 a $5,865.50 pesos).
- Sanciones para arrendatarios:
- Destinar el inmueble a fines no habitacionales sin permiso: multa de 50 a 100 UMA ($5,865.50 a $11,731 pesos).
- Realizar modificaciones a la propiedad sin autorización previa: multa de 50 a 200 UMA ($5,865.50 a $23,462 pesos).
- Nuevas condiciones contractuales: Los contratos tendrán una vigencia mínima de un año. Queda prohibido discriminar a solicitantes por cohabitar con niños o animales de compañía, y los arrendadores no podrán cobrar a los inquilinos gastos por intermediación, investigaciones o contratación de pólizas jurídicas.
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