Detienen en CDMX a exalcaldesa de Playa del Carmen por presunto daño al erario de 62 mdp

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La exalcaldesa de Playa del Carmen, Lili Campos, fue detenida en CDMX por presuntas irregularidades en contratos públicos que habrían ocasionado un daño al erario superior a 62 millones de pesos.

La empresa beneficiada con los contratos reportaba hasta 865 lavados de vehículos al mes, pese a contar únicamente con 15 empleados. El municipio tenía un parque vehicular de 123 unidades. (FGE Quintana Roo)
La empresa beneficiada con los contratos reportaba hasta 865 lavados de vehículos al mes, pese a contar únicamente con 15 empleados. El municipio tenía un parque vehicular de 123 unidades. (FGE Quintana Roo)

Ciudad de México. - La exalcaldesa de Playa del Carmen, Roxana Lili Campos Miranda, fue detenida en la Ciudad de México por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, relacionado con un presunto daño al erario municipal superior a los 62 millones de pesos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que la orden de aprehensión fue cumplimentada en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Campos Miranda fue asegurada la noche del 19 de noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Contratos bajo investigación

Las indagatorias apuntan a presuntas irregularidades en la asignación de tres licitaciones públicas a un particular entre 2022 y 2024, durante la administración de Campos Miranda. Los contratos tenían como finalidad prestar servicios especializados de lavado a vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Según la Fiscalía, el municipio contaba entonces con 123 unidades, para las que se reportaban hasta 865 lavados mensuales, incluso sin días de descanso. Sin embargo, la empresa contratada tenía únicamente 15 empleados.

A estas inconsistencias se suma que el proveedor presuntamente no contaba con comprobantes fiscales digitales (CFDI) correspondientes a los primeros contratos, pese a lo cual continuaron los pagos, cuyo monto acumulado habría superado los 62 millones de pesos.

También investigan omisiones de funcionarios

La Fiscalía señaló que otros servidores públicos involucrados habrían incumplido sus responsabilidades de supervisión, al no verificar que los servicios contratados se realizaran ni comprobar que existiera la documentación requerida para respaldar los pagos.

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