Ciudad de México.- Después de que la Secretaría de Movilidad (Semovi) otorgara los famosos “permisos temporales” a empresas de monopatines y bicicletas sin anclaje, esto ha ocasionado que éstas valoren la opción de operar al margen de los requisitos estipulados mediante un amparo.
"Está siendo más rentable ampararme. Requiero saber como empresa extranjera, ¿portarse mal es mejor, da más beneficios negarse a entregar la data e incumplir las reglas?", cuestionó Julia Ortiz, directora de relaciones gubernamentales de Lime.
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— El Sol de México (@elsolde_mexico) 5 de marzo de 2019
En tanto, la firma Grin ha estado en controversias con las autoridades capitalinas, lo que la llevó a obtener la suspensión de actos de autoridad de la Ciudad mediante un amparo federal.
Sin embargo el despacho negó operar bajo amparo y aseguró que entregó en tiempo y forma la información sobre el destino de los viajes y el número de patines en operación, pero descartó dar acceso a datos que le harían violar la Ley Federal de Datos Personales.
En ese sentido, a una semana después de recibir los permisos, Grin, Lime y Bird enviaron una misiva en la que solicitaron un diálogo con el titular de Semovi, Andrés Lajous. Asimismo, le cuestionan frenar la revolución de la micromovilidad en la capital del país, detonada según ellos, en las principales metrópolis del mundo y con dos millones de viajes acreditados en ocho meses de operación, sin obtener respuesta.
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Los operadores explicaron que la Semovi disminuyó de mil 500 patines a 500 por empresa, lo que redujo el polígono del servicio dentro de las tres alcaldías autorizadas a sólo porciones de algunas colonias.
Por ejemplo, en Cuauhtémoc no pueden llegar a Buenavista, en Miguel Hidalgo no pueden circular por las Lomas de Chapultepec, y en Benito Juárez no pueden transitar a las inmediaciones de Río Churubusco.
Por otro lado, el abogado especializado en materia civil Hugo Jonathan Morales Galindo, comentó que el conflicto entre vecinos y empresas puede escalar en el ámbito legal. Ya que las agencias pueden demandar a los vecinos, pues en primera instancia el artículo 17 de la Constitución general prohíbe hacerse justicia por propia mano.
IMCM
