Redacción
Ciudad de México.- La Fundación Antonio Haghenbeck solicitó formalmente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) la aplicación inmediata de sanciones penales, administrativas y ambientales contra el Refugio Franciscano.
Esta exigencia surge tras cumplirse 80 días desde que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) documentaron actos de crueldad animal e infracciones ecológicas en el predio de esta organización ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
De acuerdo con los representantes legales de la fundación, la falta de una determinación de responsabilidades por parte de las autoridades debilita el Estado de derecho y proyecta un mensaje de permisividad ante la ocupación ilegal de terrenos y el maltrato. El inmueble afectado, de 5 mil metros cuadrados, está catalogado como Área de Valor Ambiental (AVA), lo que implica un régimen de protección especial para su flora y fauna que habría sido vulnerado.
EL LLAMADO DE CLARA BRUGADA A LA MEDIACIÓN
La semana pasada, Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno, instó a ambas instituciones a establecer convenios "profundos y definitivos" para concluir la disputa legal. La mandataria enfatizó que el objetivo central debe ser la protección de los cientos de perros y gatos que fueron rescatados en un operativo judicial realizado el pasado 7 de enero tras denuncias de maltrato.
Brugada Molina incluso ofreció el apoyo de su administración para servir como puente y evitar que las diferencias institucionales sigan afectando a los animales. No obstante, aclaró que, para cualquier posibilidad de reintegración de los ejemplares al refugio, se deben cumplir requisitos estrictos impuestos por la PAOT y la FGJCDMX para garantizar que no se repitan situaciones de negligencia.
POSTURA Y RUIDO POLÍTICO
Pese al llamado al diálogo, la Fundación Haghenbeck advirtió que "la ley no es negociable". Argumentaron que no puede haber acuerdos mientras la Fiscalía no resuelva la judicialización de los actos de crueldad documentados, y consideraron preocupante que el gobierno capitalino contemple restablecer el refugio en un predio que aún se dirime en juzgados y no posee uso de suelo.
El conflicto también genera controversia política debido a que se reveló que César Cravioto Romero, titular de la Secretaría de Gobierno local (Secgob), fue en el pasado inquilino de una propiedad de la Fundación Haghenbeck.
No obstante, el funcionario rechaza la existencia de un conflicto de interés, al tiempo que la fundación pide que cualquier acercamiento con la jefatura de Gobierno se realice a través de interlocutores imparciales.
IMCM
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