Familias de víctimas del Axe Ceremonia acusan a la Fiscalía de la CDMX de encubrimiento en el caso
A cinco meses de la tragedia en el festival Axe Ceremonia 2025, donde dos jóvenes, la fotoperiodista Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, perdieron la vida, las familias de las víctimas alzan la voz. Sus padres denuncian un presunto encubrimiento por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) en la investigación y exigen una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.
La denuncia: indiferencia y evasión de pruebas
Los padres de Berenice, Luis Raúl Giles Martínez y Blanca Lilia Rivera Orozco, han compartido su dolor y frustración a través de videos y entrevistas. Afirman que la fiscalía ha mostrado una “indiferencia, omisiones y encubrimiento” evidente en la investigación por homicidio culposo. Según ellos, el proceso judicial se ha visto viciado, y se les ha pedido a ellos, las víctimas, que busquen al culpable, a pesar de que la carpeta de investigación (CI-FIMH/H-1/UI-1S/D00070/04-2025R1) contiene pruebas que, según su abogado, apuntan a los verdaderos responsables.
El abogado Fabián Victoria Rangel, asesor jurídico de la familia, señala que la fiscalía ha ignorado pruebas contundentes que implican a las empresas coorganizadoras y responsables del evento, OCESA y Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V.
Pruebas ignoradas por la Fiscalía
El abogado Victoria Rangel detalla las evidencias que han sido presentadas al Ministerio Público, pero que, según él, han sido deliberadamente omitidas:
Resolución Administrativa y Multa Millonaria: La Alcaldía Miguel Hidalgo emitió una resolución (oficio AMH/DGGAJ/OF-0157/2025) que identifica a OCESA y a Grupo Eco Live como los organizadores del evento. Basándose en esta resolución, OCESA fue multada con casi $1.8 millones de pesos. Sin embargo, esta prueba clave ha sido descartada en la investigación de la fiscalía.
Contrato de Patrocinio: Se presentó un contrato donde OCESA se autodenominaba como la organizadora, promotora y desarrolladora del festival. Esta prueba contradice la declaración de su apoderado legal, quien había negado la participación de la empresa.
Centro de Mando y Seguridad: En el lugar de los hechos se encontró un camión de OCESA que funcionaba como “Centro de Mando” y “Seguridad CCTV”. Este camión monitoreaba más de 23 cámaras de videovigilancia. La seguridad estaba a cargo de la empresa Servicios de Protección Privada Lobo, quienes asumieron la responsabilidad de salvaguardar la integridad de los asistentes.
A pesar de estas pruebas, el abogado Rangel afirma que la agente del Ministerio Público, Elizabeth Hernández Hernández, presuntamente recibió instrucciones de no imputar a OCESA ni a Servicios de Seguridad Privada Lobo. En cambio, la fiscalía ha acelerado una audiencia para imputar a empresas más pequeñas, a las que la familia considera “un velo corporativo” para desviar la atención de los principales responsables.
Un llamado de emergencia a la presidenta Sheinbaum
Ante el estancamiento del caso, Luis Raúl Giles Martínez, padre de Berenice, dirigió un llamado urgente y directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar una reunión.
Esta es la segunda vez que la familia busca el apoyo público de la mandataria, recordando su compromiso de ayudarlos. “No buscamos venganza, sino justicia, verdad, responsabilidad, perdón y aceptación”, declaró el señor Giles. Subrayó que la tragedia no solo afectó a su familia, sino que puso en evidencia la vulnerabilidad de cualquier persona en eventos masivos por negligencias similares, y buscan que algo así no vuelva a suceder.
La familia espera que su audiencia de omisiones, fijada para el 29 de septiembre, y la posible reunión con la presidenta Sheinbaum, permitan que el caso avance y los verdaderos responsables rindan cuentas por la muerte de Berenice y Miguel Ángel.
Fuente: Proceso, Quechingados.com