Familias enteras, en la calle: el drama de los desalojos forzosos en la CDMX
Decenas de familias en la capital mexicana se enfrentan a un futuro incierto después de ser desalojadas a la fuerza y sin un proceso legal claro de las viviendas que han habitado durante generaciones. Este problema, agudizado por la gentrificación y la especulación inmobiliaria, ha dejado a adultos mayores y a familias enteras a la intemperie, sobreviviendo en campamentos improvisados en las mismas calles de las que fueron despojados.
La madrugada del pasado 27 de agosto, 19 familias de un edificio en la calle República de Cuba 11, en el Centro Histórico, fueron expulsadas de sus hogares. Un día antes, 22 familias de Tonalá 125, en la Colonia Roma Norte, sufrieron el mismo destino. En ambos casos, los residentes fueron sorprendidos por la policía y ahora acusan a la burocracia y la falta de testamentos de los dueños originales como las causas de su desgracia.
Vivir en la calle y la lucha por lo que fue suyo
Las familias desalojadas, algunas de las cuales llevan décadas pagando renta y servicios, se han visto obligadas a montar campamentos en la acera, custodiando las 24 horas lo que un día fue su hogar. A pesar de las intensas lluvias de los últimos días, se aferran a sus casas de campaña, camas y pertenencias.
Diana González, de 62 años y la tercera generación que vivió en Cuba 11, relata las dificultades de la vida a la intemperie: "Sí se nos mete el agua y sí nos hacen falta lonas... porque realmente las lluvias han venido, que casi se está cayendo el cielo". Su vecina, Xóchitl Pérez, de 54 años, fue desalojada junto a su compañero y sus tres perros, a pesar de tener comprobantes de pago de servicios y mantenimiento.
Criminalización y persecución legal
Además de la incertidumbre legal, los vecinos desplazados denuncian una criminalización sistemática. A menudo son acusados de "invasión", y en el caso de Tonalá 125, la situación ha escalado a la persecución penal. Una mujer que pidió el pseudónimo de "Estrella" contó que dos jóvenes que organizaron la defensa vecinal fueron encarcelados en enero, y otro más durante el desalojo de agosto. Los afectados temen que las autoridades les "fabriquen" delitos.
Este desalojo también afectó a un comedor comunitario anexo al edificio, que ha sido clausurado, dejando sin una fuente de alimento a personas de bajos recursos, personas mayores y con discapacidad.
Para la activista Eri Kimura, del Frente por la Vivienda Joven (FVJ), estos desalojos son parte de un patrón histórico de complicidades gubernamentales que se ha acelerado en la preparación de la ciudad para eventos como el Mundial de 2026. El caso de estas familias se suma a las protestas que han surgido en la capital por la creciente crisis de vivienda, una situación que refleja un profundo descontento social.
