Ciudad de México.- Las personas indígenas son el grupo más discriminado en la capital, seguido por la comunidad LGBTI, de acuerdo a la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2017 (EDIS).
Geraldina González de la Vega, nueva dirigente del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), explicó que el tercer factor para discriminar a las personas es el color de piel, por ello, detalló que ella le “gusta más atacar el problema a partir del clasismo y el racismo”.
“Todavía perviven en nuestra sociedad, en nuestras actitudes, en el lenguaje, nuestras expresiones, que yo creo que son unos de los retos más grandes”.
Terminar con este tipo de actitudes que discriminan a las personas es de gran importancias y ayudaría a todos, desde las personas que pertenecen a la comunidad LGBT, hasta los trabajadores del hogar, quienes son discriminados por su empleo.
“Hacen falta mejores políticas públicas para combatir la discriminación, que transversalicen, es decir, incluyan dentro de todas las acciones de gobierno, dentro de todas las líneas de política pública, una visión de igualdad y de no discriminación”.
Sobre todo, que se entienda a la discriminación desde un punto de vista estructural, porque se piensa en ella sólo en casos aislados, individuales, de autoridades o de particulares que de manera arbitraria discriminan o tratan de manera diferente a las personas, o de manera injusta.
“No vamos a resolver el problema de fondo, el truco estará en planear políticas públicas, en planear una legislación que ataque al problema de raíz, porque la desigualdad es un problema estructural arraigado en la sociedad, en las normas, en las instituciones y en toda la estructura social”.
González de la Vega señaló que unos de los retos más importantes de esta gestión será el de concretizar y desarrollar la Constitución de la Ciudad de México, que entró en vigor el 17 de septiembre pasado.
“Es una constitución muy progresista, muy garantista y en el tema de igualdad y no discriminación, establecen obligaciones de mandatos para todas las autoridades”.
NJAR
