'Invasores protegidos' tratan de adueñarse de casa en colonia Militar Marte

Ciudad de México.- En medio de la polémica propuesta de Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que dio a conocer en la conferencia matutina del pasado 16 de junio, en torno a dar oportunidad a los invasores de casas para que “puedan regularizar” su situación y así quedarse con el inmueble con un crédito accesible, un propietario de una vivienda en Iztacalco está viviendo en carne propia el intento de despojo de este patrimonio por un grupo de personas que están intentando apoderarse de esta propiedad.

El dueño del predio, ubicado en la calle Playa Copacabana 166, colonia Militar Marte, denunció, en entrevista con Diario de México que, desde que lo adquirió el 10 de octubre de 2023 -según data en las escrituras a las que tuvo acceso este medio y que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad- decidió demoler la construcción actual, para edificar una nueva, por lo cual se encuentra los trámites correspondientes ante la alcaldía Iztacalco.

Pero desde que ha ido a su domicilio, ha recibido advertencias de una “vecina”, quien le señaló que “ella se encargaría de que nunca lo habitara”.  Incluso, al encontrarse esta vivienda en una calle cerrada y con rejas de seguridad, el denunciante aseveró que no le han dado llave ni control para poder ingresar con su vehículo.

Por la planeación y trámites, la casa había permanecido deshabitada, pero en la presente semana un grupo de sujetos quiso apoderarse del inmueble, por lo que el propietario decidió mandar a unas personas para estuvieran adentro, pero hasta el momento esto acrecentó más la incertidumbre del quejoso.

“Ahora, quienes están cuidando mi casa están recibiendo amenazas y extorsión hasta de policías de investigación y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana… les dijeron que los van a sacar, cuando ellos no tienen facultades para hacerlo”, señaló el entrevistado. 

El afectado externó su preocupación por este tipo de iniciativas de la llamada Cuarta Transformación, “que no toman en cuenta todas las implicaciones y daños que pueden causar al patrimonio de los ciudadanos”.

Los ‘invasores’ son ‘pueblo’
El objetivo de la iniciativa presentada por Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, es permitir a los “invasores” de una propiedad adquirirla mediante un esquema de arrendamiento con opción a compra y escriturarla a su nombre en un periodo de cuatro a cinco años.

El funcionario federal explicó, el pasado 16 de junio, que Infonavit implementará este plan para las personas que han ocupado irregularmente viviendas que fueron abandonadas, pues, dijo, que el Instituto ha identificado alrededor de 843 mil viviendas "emproblemadas" que fueron abandonadas por sus dueños originales debido a créditos impagables o construcciones deficientes en ubicaciones alejadas de centros de trabajo y servicios básicos. 

Agregó que un censo, realizado en colaboración con la Secretaría de Bienestar, ha procesado 168 mil de estas viviendas, revelando que 145 mil están habitadas (muchas por ocupantes irregulares) y 23 mil están deshabitadas o vandalizadas.

Por ello, destacó, que la nueva política busca reemplazar la práctica anterior de desalojar a los ocupantes irregulares para luego vender las viviendas a particulares. Ahora, por instrucción presidencial, se busca una solución directa para quienes habitan estas propiedades. 

Romero Oropeza ha enfatizado que no se desalojará a los ocupantes de las viviendas invadidas, pero se les advertirá que, de no regularizar su situación, nunca serán dueños de la propiedad. 

La propuesta es que puedan adquirir la vivienda a un precio muy económico, basado en su valor en libros, mediante el esquema de arrendamiento con opción a compra, donde los pagos de renta también abonen al precio de la casa.

Además, para los derechohabientes originales que aún tienen un vínculo con sus viviendas, el Infonavit está reestructurando sus créditos para que puedan conservar su patrimonio. Si la vivienda de un dueño legítimo está invadida, el Instituto evaluaría la forma de reponerla utilizando el inventario de viviendas abandonadas y rehabilitadas.

Oposición de la IP
La propuesta del Infonavit ha generado una rotunda oposición por parte de la iniciativa privada (IP). Grupos empresariales como la Coparmex, la Concamin, el Comce, la AMIB, la Canaco CDMX y el CNET rechazaron categóricamente cualquier iniciativa que "premie la toma ilegal de viviendas". 

Exigieron a las autoridades competentes, especialmente a la Asamblea del Infonavit, que detengan cualquier intento de legalizar ocupaciones al margen de la ley.

Los empresarios manifestaron su preocupación de que esta propuesta ponga en riesgo las finanzas del Infonavit.

Señalaron que el índice de morosidad del Instituto se ha disparado del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, con uno de cada tres financiamientos presentando incumplimientos de pago al considerar créditos segregados. 

Argumentaron que, en lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio de los acreditados, esta estrategia agrava el problema y compromete el futuro financiero del Infonavit.
La IP remarcó la importancia de que el Gobierno de México tenga instituciones que operen con responsabilidad y legalidad, y que el patrimonio de los trabajadores se respete. 

Afirmaron que el Infonavit no tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas ni escrituras a personas que no son derechohabientes. Sugirieron que dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) o la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) son las que deberían atender a la población no afiliada. 

A pesar de las aclaraciones presidenciales, los grupos empresariales pidieron que la posición de salvaguardar la propiedad privada se traduzca en acciones concretas que eviten institucionalizar la ocupación irregular de viviendas, y que la certidumbre jurídica no dependa de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras.

Sheinbaum trata de aclarar
Ante la controversia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció el pasado 18 de junio, buscando aclarar que la propuesta del Infonavit "no afectará la propiedad privada ni créditos vigentes". 

Subrayó que, constitucionalmente, "la propiedad privada está resguardada" y que la iniciativa no busca despojar a los legítimos propietarios de sus viviendas.

La mandataria reiteró que cualquier acción se realizará "con pleno respeto a la legalidad y los derechos de los trabajadores".

En cuanto a los dueños originales que abandonaron sus propiedades, Sheinbaum Pardo aseguró que también se les brindará atención para encontrar una solución justa.