Redacción
Ciudad de México.- Como se informó ayer en este espacio, habitantes del pueblo de San Sebastián Xoco, con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC) arremeten contra Mítikah, proyecto inmobiliario al que acusan de haber ocasionado cambios negativos en la vida de las personas que habitan en esta zona de la alcaldía Benito Juárez.
“Uno de los mayores impactos generados por el megaproyecto inmobiliario es la falta de acceso a un suministro de agua potable suficiente; a esto se ha sumado el incremento en el precio del predial y servicios y el desplazamiento del comercio local, tras la llegada de grandes cadenas comerciales y de autoservicio que encarecen el costo y la calidad de vida de los habitantes, generando situaciones de desplazamiento forzado”, indican en un comunicado.
También culpan que esta edificación ha ocasionado fragmentación social y la criminalización de los pobladores que defienden su territorio ejerciendo su derecho a la libre manifestación.
“A estos, se le suma la privatización de la calle Real de Mayorazgo, evidenciada a través de la 'explanada de integración' construida para el acceso al centro comercial y a los estacionamientos subterráneos, la cual cambió drásticamente la fisonomía de la vialidad, dificultando de manera significativa el acceso y tránsito al pueblo de Xoco y haciéndola inadecuada para sus celebraciones y tradiciones culturales”, abundaron en su texto.
PROYECTO FUE IMPOSICIÓN
Por ello, los residentes del lugar y ProDESC manifiestan que las autoridades federal y locales demandadas no informaron ninguno de estos impactos, además que las personas que ahí viven tampoco participó en las definiciones del proyecto ni en los procesos de toma de decisiones, a pesar de que Mítikah comprende aproximadamente el 18% de su territorio.
“Xoco, como descendiente de las poblaciones indígenas que habitaron el territorio de la actual Ciudad de México, tiene el pleno derecho de acudir ante los tribunales a exigir legalmente lo que por la vía de la manifestación no garantizaron las autoridades competentes”, enfatizan en su escrito al recordar el amparo que han tramitado por esto que catalogan violación a su derecho al consentimiento libre.
El recurso promovido busca garantizar el reconocimiento y respeto a sus derechos como pueblo originario y frenar ASÍ las políticas de exclusión de las autoridades, enfatizó ProDESC, organización especializada en litigio estratégico y acompañamiento organizativo a comunidades y colectivos en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, que acompaña al pueblo desde este año.
IMCM
