Redacción
Ciudad de México.- Legisladores federales del partido Movimiento Ciudadano solicitaron a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México una intervención financiera y administrativa profunda en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, señaló que, tras las recientes protestas sindicales, quedan en evidencia las condiciones inadecuadas de este transporte, por lo que urgió a las autoridades y al Director General del Metro rindan cuentas ante la opinión pública.
"FARSA DEL SUBSIDIO" Y DÉFICIT DE INVERSIÓN
Por su parte, la diputada federal Laura Ballesteros calificó la situación actual como una crisis estructural derivada de años de desatención.
Según la legisladora, existe un déficit de mantenimiento de 27 mil millones de pesos, una situación que denominó como la “farsa del subsidio”, argumentando que actualmente son los propios usuarios quienes sostienen el sistema con el pago de sus boletos, mientras el gobierno ha dejado de invertir lo necesario.
Esta falta de recursos, dijo, impacta directamente en los 5 millones de pasajeros que utilizan el servicio diariamente, impidiendo que el Metro cumpla su función como columna vertebral de la movilidad urbana de forma segura y eficiente.
Al respecto, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas lamentó que la red de transporte se encuentre en condiciones precarias, especialmente ante la cercanía del próximo campeonato mundialista.
PROPUESTA Y ACCIONES LEGALES
Para revertir el deterioro, la bancada de Movimiento Ciudadano anunció que impulsará la creación de un nuevo Fondo Metropolitano y de Capitalidad dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.
La propuesta busca alcanzar un techo de hasta 90 mil millones de pesos destinados a atender las necesidades de las zonas metropolitanas y devolverle al Metro el respaldo financiero que perdió tras la desaparición de fondos previos.
Finalmente, los legisladores advirtieron que, de no contemplarse estos mecanismos de financiamiento en el presupuesto federal, recurrirán a la promoción de amparos.
Estas medidas legales tendrían como objetivo obligar al Estado a garantizar el derecho de la población a un transporte público que no represente un riesgo para su integridad física.
IMCM