Ciudad de México.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) generó una fuerte controversia tras declararse incompetente para actuar en el caso del Refugio Franciscano.
Esta decisión se produce a pesar de las múltiples denuncias que señalan al inmueble como un foco de contaminación ambiental, maltrato animal y riesgo sanitario, situaciones que han sido documentadas y presentadas formalmente por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en el impacto ecológico en la Barranca Echánove, situada en la alcaldía Cuajimalpa.
Según los expedientes presentados, el refugio no cuenta con infraestructura básica de drenaje ni sistemas para el tratamiento de residuos.
Como consecuencia, los desechos orgánicos —incluyendo orina, heces y cadáveres de animales— son arrojados directamente al ecosistema de la barranca, lo que representa un peligro epidemiológico latente para la zona.
Fernando García Juárez, representante legal de la Fundación Haghenbeck, calificó la postura de la Profepa como “contradictoria y evasiva”.
El abogado sostuvo al medio 24 horas, que la autoridad federal intenta minimizar la gravedad del asunto al catalogarlo meramente como un tema administrativo o de bienestar de animales domésticos, ignorando deliberadamente los delitos ambientales y de salud pública que con antelación han sido ratificados por otras dependencias e instancias de gobierno como la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Procuraduría Ambiental Y Del Ordenamiento Territorial (PAOT).
HALLAZGO DE UN HORNO CLANDESTINO Y MORTANDAD ANIMAL
La gravedad del caso aumentó tras el descubrimiento de un horno clandestino dentro de las instalaciones del refugio.
Se dice que este dispositivo era presuntamente utilizado para la incineración irregular de restos animales y residuos patológicos.
Esta situación fue integrada como una denuncia complementaria ante la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) en diciembre de 2025.
Aunado a esto, las condiciones internas del refugio también han sido objeto de inspección judicial. En enero de 2026, el Ministerio Público certificó mediante un acta de aseguramiento la muerte de 17 ejemplares y la proliferación de plagas de roedores, confirmando el estado de hacinamiento extremo y abandono en el que se encontraban los animales.
OPACIDAD Y RESERVA DE INFORMACIÓN
Además del conflicto con las autoridades ambientales, la defensa de la fundación alertó sobre una presunta falta de transparencia por parte del Gobierno de la Ciudad de México.
De acuerdo con García Juárez, las autoridades capitalinas decidieron reservar el expediente del caso por un periodo de tres años.
Esta medida es duramente criticada, puesto que se considera una estrategia para evitar que la opinión pública conozca la magnitud de las irregularidades y los delitos cometidos bajo la fachada del Refugio Franciscano.
La fundación insiste en que las pruebas son contundentes y que la negativa de la Profepa a intervenir deja en la indefensión tanto al medio ambiente como a los animales afectados.
IMCM