Propone diputado prohibir en Constitución de CDMX el uso de vapeadores
Redacción
Ciudad de México.- A pesar de que los vapeadores y cigarrillos electrónicos están prohibidos a nivel nacional, el diputado local de Morena, Alberto Vanegas Arenas, presentó una iniciativa para impedir su uso y regular su producción y distribución en la Ciudad de México.
La propuesta busca reformar el Artículo 9 de la Constitución capitalina para sancionar toda actividad relacionada con estos dispositivos. Su propuesta tiene como objetivo garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas.
De ser aprobada, la Constitución citadina establecería sanciones para "toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley; así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas".
En la exposición de motivos, Vanegas Arenas argumentó que el auge en el consumo de vapeadores desencadena un debate que involucra la salud pública, la regulación gubernamental y los intereses económicos. Aunque en un principio fueron concebidos como herramientas para la reducción de daño en fumadores adultos, su rápida proliferación provoca preocupaciones sobre sus efectos a largo plazo.
FALTA DE EVIDENCIA CONCLUYENTE
Por ello, el legislador señaló que uno de los principales desafíos regulatorios es la falta de evidencia concluyente sobre sus efectos a largo plazo. Si bien algunas investigaciones sugieren que los vapeadores contienen menos sustancias tóxicas en comparación con los cigarrillos tradicionales, estudios del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas e inglés) de Estados Unidos identifican la presencia de compuestos nocivos como el formaldehído y el acetaldehído.
Además, la nicotina, presente en estos productos, genera adicción y afecta el desarrollo cerebral en jóvenes.
La iniciativa de Vanegas Arenas propone que las políticas de salud se centren en la prevención, el control y la educación, en lugar de adoptar medidas punitivas absolutas.
También advierte que la prohibición total podría resultar contraproducente, dado que no elimina la circulación de estos productos y, de hecho, puede fomentar el comercio ilegal, dificultando la supervisión de estándares de calidad y seguridad.
Desde una perspectiva jurídica, la propuesta sugiere que es "oportuno establecer un principio constitucional que prohíba y sancione el uso de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas que no cuenten con autorización legal". Esto permitiría fortalecer el marco normativo para regular la composición de estos dispositivos y proteger la salud pública sin recurrir a medidas extremas que podrían ser ineficaces o tener consecuencias no deseadas.
IMCM
