Ciudad de México.- En el Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa que busca imponer mayores candados a las denominadas "escuelas patito", obligándolas a declarar de manera transparente cuando los servicios educativos que ofrecen no cuentan con reconocimiento oficial.
La propuesta, impulsada por la diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, del Partido Acción Nacional (PAN), pretende reformar el artículo 82 de la Ley de Educación capitalina para evitar que los estudiantes cursen programas sin validez legal.
De aprobarse esta reforma, los planteles privados que operen sin el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) deberán informar esta situación de forma "expresa, clara, visible y legible".
Esta advertencia tendrá que aparecer obligatoriamente en toda su publicidad, propaganda, documentación institucional y plataformas digitales, incluyendo redes sociales, que son el principal medio de promoción de estos centros.
La legisladora señaló que en años recientes han detectado que estas instituciones académicas suelen generar entre las familias la percepción de que sus estudios tienen respaldo oficial, cuando en realidad carecen de él.
NUEVOS REQUISITOS ANTES DE LA INSCRIPCIÓN
Con base en la iniciativa, se propone que, previo a cualquier inscripción o reinscripción, las escuelas entreguen una constancia por escrito a los padres de familia, tutores o alumnos mayores de edad.
Este documento deberá incluir:
• La identificación clara del servicio o programa ofrecido.
• Una manifestación explícita sobre la ausencia de validez oficial.
• La fecha de entrega y la firma (autógrafa o electrónica) de quien recibe la información para asegurar que fue notificado.
PROTECCIÓN CONTRA LA VULNERABILIDAD JURÍDICA
Montes de Oca destacó que muchas de estas instituciones operan en la opacidad financiera, realizando cobros por transferencias o efectivo sin emitir comprobantes fiscales, lo que deja a los usuarios desprotegidos ante posibles incumplimientos.
Garantizar esta transparencia es vital para proteger el derecho a la educación y evitar que el futuro profesional o la continuidad académica de los alumnos se vea afectada por la situación jurídica de la escuela.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial del Congreso para su análisis y dictaminación.
IMCM
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