Redacción
Ciudad de México.- Dio el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su ratificación a la constitucionalidad de las reformas al Código Civil de la Ciudad de México (CDMX), las cuales imponen un techo máximo a los incrementos anuales de los arrendamientos de vivienda.
En una decisión trascendental para el mercado inmobiliario de la capital del país, el Máximo Tribunal establece que los ajustes de precio no podrán rebasar el índice de inflación registrado el año previo.
La determinación de la Suprema Corte surgió al negar un amparo interpuesto por la inmobiliaria Urbanhub, empresa que alegaba una supuesta violación a la libertad de contratación y al derecho de propiedad. No obstante, una mayoría de ocho de nueve ministros coincidió en que el artículo 2448 D del mencionado código es legal, dado que busca estabilizar los costos en áreas bajo alta presión inmobiliaria.
Al respecto, Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN, subrayó que la medida no implica un congelamiento de los precios, sino que busca evitar que las alzas desmedidas se conviertan en una herramienta de presión económica que expulse a los habitantes de sus colonias.
Según el proyecto, este mecanismo asegura que el dueño del hogar mantenga el valor real de su ingreso sin que el inquilino pierda poder adquisitivo de forma desproporcionada.
IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL
Para ilustrar el efecto de esta resolución, las autoridades capitalinas explicaron en su momento que si la inflación del periodo anterior se sitúa, por ejemplo, en 3.69% o 3.79%, una renta mensual de 10 mil pesos solo podrá subir un máximo de 369 o 379 pesos para el año siguiente.
Bajo esa lógica, la ministra Lenia Batres Guadarrama defendió el tope señalando que en las últimas dos décadas el valor del suelo en la CDMX se disparó 800%, lo que pone en riesgo el derecho humano a una vivienda digna. En el mismo sentido, la ministra Loretta Ortiz Ahlf indicó que esta regulación previene cláusulas abusivas y protege la identidad cultural de los barrios frente a la gentrificación.
REGISTRO DIGITAL: TEMA EN DEBATE
A pesar del respaldo al tope de precios, la SCJN no aprobó por completo la reforma al artículo 2448 F, que pretendía obligar a los propietarios a inscribir sus contratos en una plataforma digital del gobierno citadino.
Ministros como Arístides Rodrigo Guerrero García y la propia Ortiz Ahlf expresaron sus reservas debido a posibles riesgos en la protección de datos personales, advirtiendo que el registro actual no garantiza un control adecuado sobre información sensible como la ubicación detallada de los inmuebles.
Por ello, se espera que Aguilar Ortiz presente una propuesta modificada sobre este punto específico en los próximos días.
IMCM