Tras la deliberación por un amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el límite establecido al incremento anual de las rentas de vivienda en la Ciudad de México, mismo que está limitado por la inflación e incluye nuevas reglas para la duración de contratos de arrendamiento, así como las recopilación de los datos personales.
La controversia, que aún se encuentra como proyecto de reforma en las comisiones del Congreso capitalino, llegó al Máximo Tribunal mexicano como el Amparo en Revisión 546/2025, promovido por una empresa arrendataria de inmuebles habitacionales contra las reformas al Código Civil capitalino, mismas que ponen tope a los aumentos de los alquileres y establecen, entre otras cosas, la obligación de registrar digitalmente los contratos de alquiler.
Entre sus determinaciones, la SCJN estableció como constitucional el establecer un tope a las rentas y señaló como “razonable” que la ley “indique que el incremento no puede ser mayor a la inflación del año anterior”, contribuyendo así a proteger el derecho a una vivienda digna e impidiendo que el costo de las rentas crezca más rápido que el poder adquisitivo.
Respecto a las empresas arrendatarias, los togados señalaron que esta medida no vulnera su libertad de comercio, ya que les permite fijar sus propios precios de alquiler y sólo limita los aumentos.
Cabe destacar que la SCJN si marcó un límite para la propuesta de ley, ya que determinó que el Registro Digital de contratos de arrendamiento “no debe solicitar más información que la que los artículos reformados establecen” pues únicamente está facultado para obtener “los datos indispensables para cumplir con su función”, sin vulnerar el derecho a la privacidad.
¿QUÉ ES LO QUE CAMBIARÁ?
La ley de Relaciones Inquilinarias y de Rentas Justa, Razonable y Asequible, propuesta impulsada por la Administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tendría la encomienda de responder a problemas como la gentrificación y hacer más accesible la vivienda para las comunidades originarias, buscando combatir su desplazamientos, así como beneficiar a los jóvenes y personas de menores ingresos.
Las principales modificaciones que establece la propuesta de normativa incluye el restringir los incrementos en el precio de los alquileres, impidiendo que estos aumenten por encima de la inflación del año anterior, además de regular los requisitos económicos exigidos a los arrendatarios e incluir mecanismos para evitar prácticas discriminatorias que limiten el acceso a una vivienda de grupos vulnerables.
Las autoridades contemplan también la creación de una Defensoría Inquilinaria gratuita en la Procuraduría Social (Prosoc), pensada como organismo mediador y conciliador de conflictos, así como el registro de los contratos de arrendamiento ante la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).
Finalmente, la nueva ley también incluye sanciones, con penalizaciones económicas para propietarios que van de los 11 mil 731 a los 46 mil 924 pesos por aumentos superiores al límite legal; de 2 mil 932 a 5 mil 865 por no entregar el contrato original, y de uno a tres meses de renta por incumplimientos del registro o su constancia.
Mientras tanto, para los inquilinos, las sanciones van de los 5 mil 865 a los 11 mil 731 pesos por uso no habitacional no autorizado, además de 5 mil 865 a 23 mil 462 por realizar modificaciones en el inmueble sin consentimiento del dueño.
POLÍTICAS PÚBLICAS VS MENOR OFERTA Y MERCADO NEGRO
Sin embargo la nueva legislación no ha dejado indiferentes a los legisladores y el sector privado, quienes han advertido de los posibles riesgos que traería la nueva regulación, asegurando que el más afectado terminaría siendo de nuevo el inquilino, golpeando especialmente a estudiantes, familias o personas migrantes que busquen vivienda.
Comenzando con que los nuevos trámites podrían disuadir a los propietarios de poner en renta sus espacios, abriendo la posibilidad de una escasez de inmuebles en renta, que podría contribuir a un nuevo encarecimiento de los precios, la existencia de "mercado negro" de alquileres y un mayor desplazamiento a las periferias de la Ciudad de México.
Por otra parte, los dirigentes de las bancadas del PAN y el PVEM en el Congreso capitalino, Andrés Atayde y Jesús Sesma, señalaron que no votarán a favor de dicha ley “tal y como está”, asegurando que el acceso a la vivienda debería estar má enfocado a que haya disponibilidad de esta, no a restricciones, por lo cual se pidió la revisión de 9 artículos y se preparan contrapropuestas que permitan garantizar el desarrollo de la metrópoli y mantener la inversión inmobiliaria.
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