Redacción
Ciudad de México.- Los cargos penales presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), y Antonio Molina Díaz, director de Control y Verificación Migratoria, no ameritan prisión, según el abogado Jorge Vázquez Campbell.
El jurista afirmó que el ejercicio ilícito del servicio público no tiene la gravedad del delito de homicidio, por el que fueron vinculados a proceso un migrante venezolano, tres agentes del INM y un elemento de seguridad pública por su relación en el incendio en las instalaciones migratorias en Ciudad Juárez.
“Es delito que no tiene la gravedad del homicidio (…) para que si resultaran culpables se les puede imponer una pena de prisión y, en el caso, también una inhabilitación para ocupar nuevamente un encargo público”, explicó el litigante.
Asimismo, explicó que el delito que se les imputa se refiere a una sanción, la cual no garantiza “la obligación de custodiar, proteger o dar seguridad a las personas en las instalaciones a su cargo”, y no amerita prisión preventiva oficiosa, además, en caso de ser considerado culpable y condenado a pena máxima, puede permanecer en libertar al pagar una fianza.
Agregó que, a Garduño Yáñez y los cinco servidores públicos, no podría responsabilizarles de las muertes de los migrantes, sino por “omisión, negligencia, por incumplimiento de sus funciones, que resultan estas tragedias”.
Por su parte, Jorge Nader, abogado penalista, puntualizó que el titular del INM no pisará la cárcel y podrá salir del problema fácilmente.
“En caso de ser vinculado a proceso, Garduño podría obtener una forma de terminación anticipada para no ir a juicio oral y no tendría obligación legal de renunciar. Aunque es encomiable que el Estado mexicano impute delito a un servidor público superior en la cadena de mando, se trata de una imputación cómoda para el imputado”, sostiene el litigante.
Resaltó que “a partir de la imputación sería moralmente insostenible que continúe en el cargo pues precisamente la imputación sería por un mal desempeño como servidor público”.
La FGR señaló que “se procedió penalmente con los servidores públicos Salvador ‘N’, Juan ‘N’, Cecilia ‘N’ y Eduardo ‘N’, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas del incendio”.
Otra de las líneas de investigación refiere a los contratos sin licitaciones realizados por el INM y la empresa de seguridad, los cuales omitieron obligaciones de licitación pública y con costos superiores a los que se paga en el sector público.
Concluyó que “toda la serie de conductas ilegales y omisas, fueron elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos”.
Lo anterior ocurre en exigencia de los países como El Salvador, Colombia, Guatemala y Venezuela de que se llegue hasta las últimas consecuencias y se haga justicia por la muerte de 40 migrantes.
