Redacción
Ciudad de México.- El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República formalizó su postura de rechazo total frente al proyecto de reforma electoral conocido como "Plan B", al cual denomina "Ley Maduro".
Los legisladores priistas sostienen que la iniciativa no persigue la austeridad, sino que es una estrategia para que el partido en el gobierno tome control del aparato electoral antes de los comicios de 2027.
El senador Manuel Añorve Baños afirmó que la bandera de la austeridad es sólo un "pretexto" y que la intención real es apoderarse del sistema electoral.
Según el legislador, uno de los objetivos centrales es permitir que la Presidenta de la República aparezca en la boleta electoral de 2027, debido a lo que califican como una "caída libre" en las preferencias de Morena.
Añorve Baños también advirtió sobre un posible uso indebido de recursos públicos para fines proselitistas.
Señaló que el mecanismo pretende que la mandataria haga campaña con fondos federales gestionados desde secretarías de Estado y gobiernos estatales, replicando el modelo de las llamadas "corcholatas" de procesos anteriores.
CUESTIONAMIENTOS TÉCNICOS Y ÉTICOS
Además de las motivaciones políticas, el PRI cuestionó la solidez técnica de la propuesta, calificándola como "mal presentada" y señalando errores específicos en materia de equidad de género.
El senador Añorve Baños vinculó la urgencia de esta reforma con un intento de desviar la atención de problemas económicos y escándalos de corrupción que, asegura, han afectado la imagen del gobierno.
Entre los casos mencionados destacan:
• El desvío de 15 mil millones de pesos en Segalmex.
• Sobrecostos de 13 mil millones en medicamentos a través de Birmex.
• El denominado "huachicol fiscal".
• Presuntos negocios vinculados a los hijos del expresidente López Obrador.
VOTO FIRME EN EL SENADO
La bancada del PRI confirmó que mantendrá su voto en contra de manera unánime, tanto en las comisiones de dictamen como en el pleno del Senado.
Los legisladores se declararon listos para un debate firme, reiterando que la disminución de recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) responde únicamente a una lógica de control político y no a un ahorro real para el erario.
Con información de La Razón
IMCM
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