Ciudad de México.- Organizaciones civiles y representantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) hicieron pública una denuncia sobre lo que consideran una estrategia sistemática de criminalización contra pueblos originarios en Chiapas.
Los defensores señalaron que en los municipios de Chilón, Ocosingo, Salto de Agua y Teopisca se vive un clima de hostigamiento derivado de la intención de imponer proyectos de infraestructura sin contar con el consentimiento previo e informado de los habitantes.
DESPLAZAMIENTO FORZADO Y DETENCIONES
Tavita Jiménez, integrante del CNI, informó sobre un operativo ocurrido el 12 de febrero de 2026 en la comunidad de Jotolá, Chilón, que resultó en la destrucción de viviendas y el desplazamiento forzado de 63 personas, entre ellos 25 menores de edad.
Además de la pérdida de sus hogares y empleos, la organización denunció que existen procesos judiciales y órdenes de aprehensión vigentes contra sus miembros, a quienes se les persigue por proteger sus tierras.
En este contexto, María de Jesús Sánchez exigió la libertad de su esposo, Francisco Moreno Hernández, quien se encuentra procesado por el delito de despojo agravado.
Sánchez relató el impacto psicológico y traumático en sus hijos, quienes viven en un estado de angustia constante tras haber sido víctimas de despojo en su comunidad.
CONFLICTOS POR INFRAESTRUCTURA
La problemática de despojo se manifiesta en diversas formas en otras zonas del estado:
• Ocosingo: Se denunció el despojo y la destrucción de locales de 39 comerciantes tzeltales del Mercado Tradicional, mediante bloqueos y denuncias penales que buscan debilitar la organización comunitaria.
• Salto de Agua: En la comunidad de Agua Clara, familias enfrentan amagos de desalojo vinculados a las obras de la autopista San Cristóbal-Palenque y el interés por explotar un banco de arena que afectaría el entorno natural.
• Teopisca: Habitantes de San Francisco rechazaron un proyecto carretero que, aseguran, dañaría tierras de cultivo, manantiales y sitios sagrados, acusando que las comunidades nunca fueron consultadas bajo los estándares internacionales.
UN PATRÓN DE AGRESIONES CONTRA LA AUTONOMÍA
Dora Lilia Roblero García, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), advirtió que estos eventos responden a un patrón de agresiones contra los pueblos que ejercen su derecho a la autonomía y la libre determinación.
Según la activista, estas acciones delictivas y de hostigamiento ponen en riesgo la integridad física de los pobladores y sus formas tradicionales de vida comunitaria.
IMCM
Añadir Diario De México como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
Únete a nuestro canal