Ciudad de México.- La dirigencia nacional y la bancada de senadores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron formalmente ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una solicitud para la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa. Esta medida responde a lo que la oposición califica como una crisis institucional y de seguridad insostenible, derivada de las acusaciones de autoridades estadounidenses contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Fundamentos legales y motivos de la solicitud
La petición se basa en la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política, que otorga al Senado la facultad exclusiva de declarar la desaparición de poderes. Según el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, la medida es necesaria debido a la imposibilidad de gobernar la entidad y la ruptura del orden jurídico.
Romero Herrera subrayó que esta acción no busca ser una sanción penal individual, sino un mecanismo de rescate para el estado:
Procede desaparecer los poderes si existe una imposibilidad para gobernar esa entidad y también si se ha impedido la vigencia del orden jurídico”.
Asimismo, enfatizó que la figura de desaparición de poderes busca “rescatar a Sinaloa, a miles de familias en la entidad que simple y sencillamente ya no tienen gobernabilidad”.
Infiltración del crimen organizado en los tres poderes
El PAN sostiene que la problemática en Sinaloa no se limita al Poder Ejecutivo, sino que existe una infiltración sistémica del narcotráfico que alcanza a los poderes Legislativo y Judicial. El coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya Cortés, instó a convocar un periodo extraordinario inmediato para tratar la declaratoria.
Anaya argumentó que la alianza con el crimen organizado es profunda:
Estos vínculos, este pacto, esta alianza del crimen organizado con el gobierno, no solamente implica al narcogobernador Rubén Rocha, el problema se extiende al Legislativo, el problema se extiende al Poder Judicial”.
Como prueba de esta infiltración, mencionó la impugnación de la elección de 2021 (expediente 06/2021), señalando que la magistrada ponente que desestimó la intervención del crimen era hermana de uno de los imputados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Acusaciones de "narcopolítica"
La solicitud se presenta en un clima de alta tensión tras la revelación de que una Corte de Estados Unidos ha judicializado solicitudes de extradición contra 10 funcionarios sinaloenses. El PAN acusa al gobierno federal de utilizar un "doble rasero" y de proteger a figuras de Morena mientras persigue a opositores, como la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
La senadora Lilly Téllez fue enfática al señalar que la soberanía nacional no debe confundirse con la protección de delincuentes:
La soberanía de México no radica en narcopolíticos, ni criminales, y la orden de extradición de 10 funcionarios es prueba de que Morena es el brazo legislativo del crimen organizado y el crimen organizado es el brazo armado de Morena”.
Impacto y próximos pasos
Además de la desaparición de poderes, el PAN ha anunciado un paquete de recursos legales que incluye:
- Una solicitud de juicio político contra Rubén Rocha Moya presentada en la Cámara de Diputados.
- El anuncio de acudir a la Corte Penal Internacional en La Haya para denunciar delitos de lesa humanidad.
El partido blanquiazul advierte que proteger a funcionarios señalados por el narcotráfico pone en riesgo la estabilidad económica y tratados internacionales como el T-MEC, debido a la falta de confianza de los socios comerciales en las instituciones mexicanas. La solicitud ahora queda en manos del Senado, donde el PAN exige que se actúe para “limpiar a Sinaloa de los poderes ilegítimamente constituidos” y devolver la paz a la ciudadanía.
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