Alerta SIP de aumento en acoso judicial a periodistas en primer año de Sheinbaum
Punta Cana.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió una alerta sobre el incremento del acoso judicial contra periodistas y medios en México, coincidiendo con el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El informe más reciente de la SIP señala una relación ambivalente por parte de la administración. Si bien la presidenta Sheinbaum se ha manifestado públicamente contraria a la censura, al mismo tiempo ha implementado medidas que refuerzan el control gubernamental sobre el acceso de los medios y la regulación de telecomunicaciones.
A pesar de que Sheinbaum Pardo recientemente calificó como “excesivos” algunos casos de acoso judicial contra periodistas, la SIP también observó que ella ha radicalizado su discurso contra aquellos medios que investigan presuntos actos de corrupción del gobierno anterior.
El acoso judicial: Principal mecanismo de silenciamiento
La principal preocupación señalada por la SIP se centra en la expansión del acoso judicial como una herramienta efectiva para silenciar a la prensa crítica.
Según datos de Artículo 19 México citados en el reporte, se registraron 51 casos de hostigamiento legal contra periodistas solo en el primer semestre del año.
Casos emblemáticos: Periodistas bajo sanción legal extrema
El informe destaca varios incidentes que ilustran la gravedad de las acciones legales:
- El Caso Jorge Luis González Valdez: El exdirector del diario Tribuna de Campeche, Jorge Luis González Valdez, fue procesado tras denuncias presentadas por la gobernadora Layda Sansores por los cargos de “incitación al odio y violencia de género”. Las sanciones impuestas fueron severas: un juez ordenó el cierre del medio por dos años, le prohibió ejercer el periodismo durante ese lapso y le asignó un censor para que revisara sus columnas.
- Sanción por comentario en redes sociales: La ciudadana Karla María Estrella fue sancionada por el Tribunal Electoral federal debido a un comentario publicado en la red social X sobre un presunto caso de nepotismo. Las medidas en su contra incluyeron una multa, la obligación de ofrecer una disculpa pública diaria por 30 días y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género hasta el año 2027. Estrella ha anunciado que elevará su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
- Denuncia contra El Universal y Héctor de Mauleón: En Tamaulipas, el columnista Héctor de Mauleón y el diario El Universal fueron denunciados por los cargos de calumnia y violencia política de género, luego de haber revelado presuntas redes de corrupción. A pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) descartó la acusación de violencia de género, mantuvo la orden de retirar la columna y sancionó al periódico con una multa y la obligación de ofrecer una disculpa pública.
Opacidad y control gubernamental sobre los medios
Además del hostigamiento judicial, la SIP criticó otros mecanismos de control y opacidad que afectan el ecosistema mediático en México:
- Publicidad oficial discrecional: El organismo apuntó a la opacidad en la asignación de publicidad oficial como uno de los principales pendientes. Aunque se registra una mayor inversión estatal en los medios en comparación con el gobierno anterior, el informe subraya que aún "se mantienen reglas discrecionales para favorecer a unos sobre otros”.
- Cierre del INAI y Acceso a la Información: La SIP también criticó el cierre del Instituto Nacional de Transparencia (INAI). Su reemplazo, la oficina Transparencia para el Pueblo, ha “desechado el 99.6% de las solicitudes de información”.
- Rechazo a la censura digital: Un punto positivo fue el reconocimiento por parte de la SIP de que la presidenta Sheinbaum Pardo “rechazó públicamente la censura” al solicitar al Senado que frenara un artículo dentro de la nueva Ley de Telecomunicaciones que habría permitido al Gobierno bloquear plataformas digitales.
Finalmente, aunque el informe registró tres asesinatos de personas vinculadas de forma indirecta a plataformas informativas o redes sociales, la evidencia sugiere que estos hechos no están relacionados con el trabajo informativo, sino con el entorno de violencia general.
